Jurisprudencia

Cabecera: Arrendamiento de vivienda. Extincion del contrato. Efectos del contrato. Abuso de derecho. Aclaracion y rectificacion de error.
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Les Illes Balears
Fecha: 04/06/2019
Tipo resolución: Sentencia Sección: Tercera
Número Sentencia: 216/2019 Número Recurso: 189/2019
Numroj: SAP IB 1167/2019
Ecli: ES:APIB:2019:1167
Voces sustantivas: Arrendamiento de vivienda, Arrendamientos urbanos, Depósito, Legítima, Rectificación de errores, Buena fe, Efectos del contrato, Ejercicio antisocial del derecho, Extinción del contrato, Objeto del contrato, Prórroga del contrato, Renta, Restitución, Adopción, Animus novandi, Duración del contrato, Plazos
Voces procesales: Abuso de derecho, Costas procesales, Prueba, Interposición del recurso

ENCABEZAMIENTO:


AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
PALMA DE MALLORCA
SENTENCIA: 00216/2019
Modelo: N10250
PLAÇA DES MERCAT Nº 12
Teléfono: 971-71-20-94 Fax: 971-22.72.20
Correo electrónico: audiencia.s3.palmademallorca@justicia.es
Equipo/usuario: MGL
N.I.G. 07026 42 1 2018 0001204
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000189 /2019
Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N.1 de EIVISSA
Procedimiento de origen: JVD JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO 0000259 /2018
Recurrente: Sebastián
Procurador: BUENAVENTURA CUCO JOSA
Abogado: CRISTINA SAMAAN JOANIQUET
Recurrido: EIVISSA TURISTICA, SL
Procurador: JOSE LUIS MARI ABELLAN
Abogado: JUAN JOSE FERRER MARTINEZ
SE NTENCIA.- Nº 216/19
ILMOS. SRS.
PRESIDENTE ACCIDENTAL
D. Jaime Gibert Ferragut
MAGISTRADOS
Dña. Ana Calado Orejas
Dña. María Encarnación González López
En Palma de Mallorca, a cuatro de junio de dos mil diecinueve.
VISTOS po r la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos
de Juicio Verbal, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Ibiza, bajo el número 259/2018, Rollo
de Sala número 189/2019, entre partes, de una como demandado-apelante, D. Sebastián , representado
por la Procuradora de los Tribunales Dña. Venturina Cucó Josa y asistido de la Letrada Dña. Cristina Samaan

Joaniquet, de otra, como demandante- apelada, EIVISSA TURÍSTICA S.L, representada por el Procurador de
los Tribunales D. José Luis Marí Abellán y asistida del Letrado D. Juan José Ferrer Martínez.
ES PONENTE la Ilma. Sra. Dña. María Encarnación González López.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Ibiza se dictó Sentencia en fecha de 27 de septiembre de 2018 , cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "De conformidad con la normativa aplicada y tomando en debida consideración los criterios jurídicos expuestos, ESTIMO la demanda interpuesta por EIVISSA TURÍSTICA S.L. con la representación procesal del Procurador de los Tribunales D. José Luis Marí Abellán y la dirección letrada de D. Juan José Ferrer Martínez contra Sebastián con la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales Dª Buenaventura Cucó Josa y la dirección letrada de Dª. Cristina Samaam Joaniquet.
Se declara extinguido el contrato suscrito entre las partes, por lo que el demandado debe abandonar la vivienda arrendada.
Se imponen las costas a la parte demandada"

SEGUNDO.- Contra la expresa sentencia, y por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de apelación que fue admitido, y, tramitado, se señaló para votación y fallo el día 30 de mayo de 2019, quedando seguidamente los autos conclusos para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Se aceptan los de la resolución dictada en el anterior grado jurisdiccional en lo que no se opongan a los siguientes.
PRIMERO.- La sentencia de instancia, estimando íntegramente la demanda, declara extinguido el contrato de arrendamiento de vivienda suscrito entre las partes por expiración del plazo. La Sentencia se recurre por la parte demandada alegando como motivos de recurso: -La errónea interpretación de la doctrina jurisprudencial acerca del "animus novandi".
-Error en la valoración de la prueba.
-Ejercicio antisocial del derecho. E -Improcedencia de la condena al pago de las costas procesales.
SEGUNDO.- A través de los dos primeros motivos de recurso la parte demandada cuestiona la resolución de primera instancia por no haber apreciado que las partes acordaron de forma verbal que el contrato se prorrogaría por tres años más.
El artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos , en la redacción aplicable, previene que "Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquél, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con un mes de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido". Como resulta de las actuaciones, el contrato celebrado en fecha de 1 de marzo de 2013 fue prorrogado sucesivamente hasta alcanzar la duración de cinco años. Con más de un mes de antelación la parte arrendadora manifestó al arrendatario mediante burofax su voluntad de no renovar el contrato. Ninguna prueba existe en autos acerca del supuesto acuerdo de prorrogar el contrato por tres años más, sino que, por el contrario, consta la voluntad de la parte actora de poner fin a la relación contractual, habiendo interpuesto la demanda inmediatamente después de finalizada la última prórroga del contrato. Ello no se ve contradicho por el hecho de que la actora una vez transcurrido el plazo haya venido aceptando las rentas satisfechas por el arrendatario, en la medida en que ello se corresponde con la ocupación de la vivienda. Así, es doctrina jurisprudencial consolidada que la obligación de pago no se extingue sino con la restitución al arrendador del objeto del contrato, manteniéndose aun en los casos de resolución o extinción en concepto de contraprestación por el uso.
TERCERO.- La apelante sostiene que la pretensión de la parte actora supone ejercicio antisocial de un derecho incrementando su patrimonio en perjuicio del demandado y su familia.
El artículo 7 del Código Civil previene que "1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso." La jurisprudencia del Tribunal Supremo fue determinando los elementos para apreciar abuso de derecho: a)uso de un derecho, objetiva o externamente legal; b)daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica; y c)inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva (cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar o sencillamente sin un fin serio y legítimo) o bajo forma objetiva (cuando el daño proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho).
En el supuesto de autos, por más que en la Isla de Ibiza pudiera estar presente problema social derivado de su alta ocupación en los meses estivales, no puede considerarse que la actora haga mal uso de su derecho.
Como se ha expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, la extinción del contrato por expiración del plazo y la conducta de la actora se ajustan a las previsiones de la normativa específica, no advirtiéndose abuso en el ejercicio del derecho que asiste a la actora de recuperar la posesión de la vivienda transcurrido el plazo legal de duración del contrato.
CUARTO.- De forma subsidiaria, la parte impugna el pronunciamiento en materia de costas procesales al entender que el objeto de autos es lo suficientemente complejo como para excluir su imposición.
Como reiteradamente viene entendiendo esta Sala la excepción a la regla del vencimiento es la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho, razonadamente apreciadas por el juez. La apreciación de si en un caso concreto concurren las "serias dudas de hecho", debe basarse en las siguientes premisas: - La interpretación de lo que deba entenderse por "serias dudas de hecho" ha de ser siempre restrictiva por tratarse de una excepción.
-El carácter dudoso de los elementos fácticos del pleito ha de venir determinado por las dificultades probatorias sobre la existencia de los hechos constitutivos de la pretensión. Lo fáctico resulta dudoso el proceso se revela como imprescindible puesto que sin él hubiese sido imposible establecer los hechos relevantes para la resolución del litigio.
En el supuesto de autos, no puede apreciarse concurran dudas de hecho ni de derecho. Para ello debe considerarse que los elementos fácticos no han requerido de más prueba que la documental, limitándose la cuestión jurídica a subsumir los hechos en la situación regulada en la normativa aplicable.
QUINTO.- En aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la desestimación del recurso obliga a imponer el pago de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.
En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial , introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre , complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la pérdida del depósito consignado para la interposición del recurso.

FALLO:

1.Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Cucó Josa, en nombre y representación de D. Sebastián , contra la Sentencia dictada en fecha de 27 de septiembre de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Ibiza en el juicio verbal del que el presente rollo dimana, dejándola sin efecto.
2.En consecuencia, se confirma la expresada resolución.
3.Se impone a la parte apelante el pago de las costas causadas en esta alzada.
4.Se acuerda la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.
INFORMACION SOBRE RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA Recursos .- Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación , por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella.
Órgano competente .- Es órgano competente para conocer de ambos recursos (si bien respecto del extraordinario por infracción procesal sólo lo es con carácter transitorio) la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.
Plazo y forma para interponerlos .- Ambos recursos se interpondrán ante este Tribunal, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, sucrito por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.
Aclaración y subsanación de defectos .- Las parte podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella incurriere, en el de cinco días.
No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15º de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre , el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta sección tercera de la Audiencia Provincial (0450), debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en esta alzada, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Extendida y firmada que ha sido la anterior resolución por los Ilmos. Srs. Magistrados indicados en el encabezamiento, procédase a su no tificación y archivo en la Secretaría del Tribunal, dándosele publicidad en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Doy fe.