Jurisprudencia

Cabecera: Delito de falsedad en documento oficial y mercantil. Ementos del delito, referencia a reiterada Doctrina del Tribunal Supremo.
Jurisdicción: Penal
Origen: Audiencia Provincial de Burgos
Fecha: 09/11/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 392/2018
Voces sustantivas: Delitos de falsedades, Administraciones territoriales, Alcalde, Concejal, Dolo, Funcionarios interinos, Guardia civil, Presunciones, Personal laboral, Antijuridicidad, Delito de falsedad documental, Dominio funcional del hecho, Embargo, Orden de pago, Toma de posesión
Voces procesales: Ministerio fiscal, Prueba, Quiebra, Carga de la prueba, Conexión, Declaración de los testigos, Declaración del acusado, Declaración testifical, Derecho a la presunción de inocencia, Dictamen pericial, In dubio pro reo, Informe pericial, Prueba indiciaria, Presunción de inocencia, Principio de presunción de inocencia, Proceso con todas las garantías, Prueba pericial, Práctica de la prueba, Sentencias condenatorias, Contenido del informe pericial, Sentencia absolutoria

ENCABEZAMIENTO:



AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 BURGOS ROLLO DE SALA NÚM. 40/17.
DILIGENCIAS PREVIAS NÚM. 384/14.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1 DE MIRANDA DE EBRO (BURGOS).
ILMOS/A. SRS/A. MAGISTRADOS/A:

D. FRANCISCO MANUEL MARÍN IBAÑEZ.
D. LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMÓN. Dª Mª DOLORES FRESCO RODRÍGUEZ.
S E N T E N C I A NUM.00392/2018

En Burgos, a nueve de Noviembre de dos mil dieciocho.
Vista, ante esta Audiencia Provincial, la causa procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Miranda de Ebro (Burgos), seguida por DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL, contra el acusado FERNANDO ACUÑA CATRAIN nacido el en Gijón , sin antecedentes penales, en libertad por esta causa, cuya declaración de solvencia consta en autos, representado por la Procuradora Doña María Luisa Yela Ruíz y defendido por el Letrado D. Eduardo Pérez Fadón Díaz Oyuelos, siendo parte acusadora El Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª Dolores Fresco Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En las Diligencias Previas nº 384/14 del Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Miranda de Ebro (Burgos) está acusado Fernando Acuña Catrain y tramitada la causa conforme a ley, se remitieron a esta Audiencia para su enjuiciamiento, señalándose día y hora para la celebración del correspondiente Juicio Oral, siendo el día 5 de Noviembre de 2.018.
SEGUNDO.- Por el Ministerio Fiscal se calificaron los hechos como constitutivos de un delito de falsedad de documento oficial y mercantil cometida por funcionario público del artículo 390.1 y 3º del Código Penal, modificando en el acto de juicio la calificación en el sentido de entender que concurre la eximente incompleta de los artículos 21.1 y 20.7 del Código Penal, solicitando la imposición de una pena de 9 meses de prisión y multa de un mes y treinta días con una cuota de diez euros así como inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público durante nueve meses.
TERCERO.- La defensa, en igual trámite de calificación definitiva, solicitó la libre absolución de Fernando Acuña Catain y para el caso de condena la apreciación de la eximente incompleta de los artículos 21.1 y 20.7 del Código Penal así como la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.
II.- HECHOS PROBADOS.
Se considera expresamente probado y así se declara que Fernando Acuña Catrain fue nombrado Secretario Interventor de la Agrupación de municipios de Santa María Ribarredonda, Miraveche y Villanueva de Teba en virtud de Resolución de la Dirección General de Administración Territorial de la Consejería de Interior Y Justicia de fecha 11 de Marzo de 2010, tomando posesión de su cargo el día 24 de Marzo de 2010.
Con fecha 25 de Marzo de 2010 Fernando Acuña Catrain redactó un documento de cambio de firmas dirigido a Caja Circulo, documento en el que aparecía como firma de la tesorera Natalia Varona Frías una firma que no fue realizada por ella, no habiendo quedado probado que Fernando Acuña Catrain simulase la firma de la Tesorera de la corporación en dicho documento.
Igualmente, no ha resultado acreditado que en un cheque bancario de Caja Circulo, fechado el 19 de Noviembre de 2012 por importe de 675 euros a favor de Elias Landero Cortes, Fernando Acuña Catrain simulase la firma de la tesorera del Ayuntamiento Natalia Varona Frias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal en su calificación se solicita la condena de Fernando Acuña Catrain como autor de un delito de falsedad en documento oficial y mercantil de los artículos 390.1º y 3º del Código Penal.
La incriminación de las conductas falsarias encuentra su razón de ser en la necesidad de proteger la fe y la seguridad del tráfico jurídico, evitando que tengan acceso a la vía civil y mercantil elementos probatorios falsos que puedan alterar la realidad jurídica de forma perjudicial para las partes afectadas. Se ataca a la fe pública y, en último término, a la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos (STS 13.9.2002), exigiéndose como requisitos (SSTS 845707, 16/11/06) un elemento objetivo o material, propio de toda falsedad, de mutación u ocultación de la verdad por alguno de los procedimientos o formas enumerados en el artículo 390 del Código Penal.
Según reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala IIª del TS, por todas la STS nº 1.704 de 2.003, de 11 de diciembre , se exigen los siguientes requisitos para su comisión:

a) Un elemento objetivo, consistente en la mutación de la verdad por medio de alguna de las conductas tipificadas en la norma penal, artículo 390.1 del CP.
b) Que dicha mutatio veritatis recaiga sobre alguno de los elementos esenciales del documento, destinados a la garantía que cumple el documento, como establece la STS de 22 de marzo de 2.010 , y que presente la suficiente entidad para afectar a la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas, no siendo punible la llamada falsedad inocua, producida cuando la finalidad del sujeto activo sea de tal naturaleza o carezca de potencialidad lesiva. Así lo establecen las STS de 5 de julio de 2.007 y de 9 de octubre de 2.008 . Constituyendo falsedades inocuas las falsedades excesivamente toscas o burdas o las que no estén realizadas para su puesta en circulación, tal como dispone la STS de 29 de marzo de 2.011.
c) Un elemento subjetivo, el relativo al necesario dolo falsario, representado por la concurrencia de la conciencia y voluntad de alterar la realidad.
El elemento subjetivo, por tanto, viene constituido simplemente por la conciencia y voluntad de alterar la verdad, siendo irrelevante que con ello llegue o causarse o no un daño efectivo al bien jurídico protegido. (.) El dolo falsario requiere, en consecuencia, el conocimiento en el agente de que altera conscientemente la verdad por medio de una mutación o suposición documental y ataca con ello la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, como reflejo verdadero de lo que contienen, expresan o prueban ( STS. 1235/2004, de 25 de octubre ).
Asimismo, el delito de falsedad no es de propia mano, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia. Sobre este particular tiene reiteradamente declarado la sala segunda del Tribunal Supremo ".que el delito de falsedad no es un delito de propia mano, que requiera para su comisión la realización corporal por el autor del elemento inveraz del documento, e, incluso cuando no puede determinarse quien sea el autor de la falsedad, podrá tenerse como autor a quien tenga el dominio funcional del hecho y conocer que el documento incluye hechos no verdaderos, posibilidad que recoge la redacción del artículo 28 del Código Penal cuando afirma que son autores, no sólo quienes realizan por sí solos el hecho, sino también los que lo realizan por medio de otro del que se sirven como instrumento. El delito de falsificación documental no es un delito de propia mano, no forma parte de la categoría de delitos cuyo contenido de ilicitud depende de la realización de la acción con el propio cuerpo del autor. Lo decisivo es el dominio funcional del acto de cara a la autoría espiritual del documento. Así, y en este sentido, la STS 29 de junio de 1992 expresa que no es óbice para que se pueda reputar a una persona autora de un delito de falsedad el hecho de que no haya quedado probado quien hubiere realizado personal y materialmente las manipulaciones o alteraciones en el documento, en tanto se evidencia que el sujeto es el único beneficiario del documento, poseedor y usuario del mismo, sin atribución fundada a un tercero (STS 16-2- 04).
La acusación considera que el acusado Fernando Acuña Catrain, secretario interventor del Ayuntamiento de Villanueva de Teba simuló la firma de la Tesorera del Ayuntamiento, Natalia Varona Frías, en dos documentos: documento de fecha 25 de Marzo de 2010 dirigido a Caja Circulo en el que se solicitaba cambio de firmas y en el cheque bancario de Caja circulo de fecha 19 de Noviembre de 2012 a favor de Elias Landero Cortés y por importe de 675 euros.
Sin embargo, el examen de las pruebas practicadas nos lleva a pronunciarnos en un sentido absolutorio.
El derecho a la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y por lo tanto, después de un proceso justo, ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ), lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados.
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de marzo del año 1999 (cuya doctrina ha sido reiterada en múltiples sentencias posteriores) declaró que el derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado y que el mismo constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables, pues en un Estado Social y Democrático de Derecho ,es esencial que los inocentes estén en todo caso protegidos frente a condenas infundadas, mientras que es suficiente que los culpables sean generalmente castigados.
La condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos de libertad, seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y es por ello por lo que el derecho constitucional a la presunción de inocencia constituye el presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso. Como regla del juicio el principio de presunción de inocencia impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable.
El derecho fundamental a la presunción de inocencia, conforme a nuestra más autorizada y reiterada doctrina ( SSTS 693/2015 o 43/2016 ), demanda la presencia de: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas, c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado elderecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.
Junto a la presunción de inocencia, y en la ponderación del material probatorio, el Tribunal ha estado presidido ante situaciones de incertidumbre o duda por el principio in dubio pro reo de tal suerte que, como se explicará, al no quedar convencido de la concurrencia de los presupuestos negativos y positivos del juicio de imputación ha optado por un declaración negativa de culpabilidad, al ser menos gravoso a las estructuras sociales de un país la libertad de cargo de un culpable que la condena de un inocente, TS. S. 20.3.1991, o como se dice en la reciente sentencia de 11.10.2006 "El sistema penal propio de un Estado Democrático de Derecho, basado en principios que reconocen los derechos individuales, y entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, no puede asumir la condena de los inocentes, aun cuando ello sea a costa de confirmar en ocasiones la absolución de algunos que pudieran ser culpables".
Pues bien, cierto es que el Tribunal Constitucional ha sostenido desde sus primeras sentencias sobre la materia (SSTC 174/1985) 175/1985, 24/1997, 157/1998, 189/1998, 68/1998, 220/1998, 44/2000 y 117/2000 que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia.
En resoluciones más recientes (SSTC 111/2008, 109/2009, 126/2011, 128/2011, 175/2012) ha considerado como requisitos imprescindibles: a) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados ; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base completamente probados; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; d) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común en palabras de la STC 169/1989 de 16 de Octubre.
Por otro lado, en la SSTS 573/2010, de 2.10, 615/2016 de 8.7 recuerda el TS que con respecto a la cuestión de los contraindicios el TC en sentencia nº 24/97 de 11-12 ha precisado que la versión que de los hechos ofrece el acusado constituye un dato que el juzgado ha de tener en cuenta, pero ni aquél tiene que demostrar su inocencia, ni el hecho de que su versión de lo ocurrido no resulta convincente o resulta contradicha por la prueba debe servir para considerarlo culpable, pero su versión constituye un dato que el Juzgador deberá aceptar o rechazar razonadamente.
En este caso la Sala entiende acreditado que Natalia Varona Frias no firmó en los dos documentos a los que se refiere el presente procedimiento y en los que sin embargo aparece su firma que por tanto ha sido puesta por otra persona.
Sin embargo, de las pruebas practicadas no queda acreditado que Fernando Acuña Catrain fuese la persona que efectuó dicha falsificación.
Que las firmas de los documentos obrantes a los folios 403 y 404 son falsas lo entendemos acreditado no sólo por la declaración de Natalia Varona Frías sino también por la prueba pericial emitida por los especialistas del Departamento de Grafística de la Guardia civil (folios 349 y siguientes).
En efecto, Natalia Varona Frías declaró que los años 2010 y 2012 era Tesorera del Ayuntamiento de Villanueva de Teba y por eso tenía que firmar las disposiciones de fondos. Declara que se encontró documentos con su firma y no la había puesto ella. Exhibidos los documentos obrantes a los folios 403 (cheque de fecha 19 de Noviembre de 2012 por importe de 675 euros) y folio 404 (documento solicitando cambio de firmas de fecha 25 de Marzo de 2010 dirigido a Caja Circulo) declara que la firma que aparece en dichos documentos no es su firma.
Por su parte, el informe pericial que fue ratificado por sus emisores, Guardias Civiles con TIP número T79995R y M77353P, concluye (folio 399) que las firmas que aparecen en el Documento D1 (solicitud cambio de firmas) y D2 (cheque de caja círculo fechado en Pancorbo el 19 de Noviembre de 2012) no han sido realizadas por Natalia Varona Frías.
El acusado Fernando Acuña Catrain negó en el acto de juicio haber firmado dichos documentos.
Por lo tanto, del contenido del informe pericial referido se puede inferior la falsedad que proclama la acusación pero que del dictamen pericial caligráfico se desprenda la falsedad indicada no significa que la falsedad sea imputada al acusado, incluso, como luego examinaremos teniendo en cuenta que el delito de falsedad documental no es un delito de propia mano.
El informe pericial emitido por los especialistas de la Guardia Civil recoge en el apartado de conclusiones que no es posible atribuir ni descartar la autoría de las firmas cuestionadas (cheque y documento dirigido a Caja Círculo de cambio de firmas) a Fernando Acuña Catrain. En este orden de cosas, señala el informe que "a partir de la determinación de las firmas cuestionadas con referencia D-1 y D-2 son falsas, hemos estudiado las muestras dubitadas de Fernando Acuña Catrain y hemos podido ir observando tras compararlas con las cuestionadas tanto algunas discrepancias como un gran número de concordancias entre ambas. Y valorados adecuadamente tales extremos, todo lo que podemos decir es que si bien no procede atribuir de forma categórica la autoría de estas firmas al citado Sr. Acuña Catrain, tampoco se puede descartar dicho supuesto de forma inequívoca.
El informe pericial de parte insiste en la imposibilidad de afirmar que las firmas dubitadas hayan sido realizadas por el acusado, y así en el apartado 10 relativo a las conclusiones del informe señala que no es posible atribuir la autoría de las firmas dubitadas reseñadas como D1 y D2 a Fernando Acuña Catraín.
En el informe presentado por la defensa, al contrario de lo que se señala en el realizado por la Guardia Civil se concluye que existen más discordancias que concordancias entre las firmas de indubitadas del acusado y las dubitadas.
Es decir, de la prueba pericial referida, tanto la emitida por la Guardia Civil como la aportada por la defensa en el acto de juicio, tan sólo cabe concluir que Fernando Acuña era técnicamente apto para falsificar la firma dubitada pero no cabe concluir con la certeza necesaria para el dictado de una condena penal que dicha firma haya sido puesta por el acusado.
Pero es que además de las conclusiones de los informes periciales, rigiendo el principio de valoración conjunta de la prueba, el resultado de la prueba pericial ha de ser puesta también en relación con el resto de las pruebas practicadas en el acto de la vista, declaración del acusado, y declaración testifical de la denunciante Natalia Varona Frias, de Elías Lardero Cortés y de Eduardo Cuellar Cámara que tampoco resultan determinantes para la Sala de la autoría del acusado de la falsificación que se le imputa.
El acusado declara que en los años 2010 y 2012 era Secretario Interventor del Ayuntamiento de Villanueva de Teba, constando en autos resolución de fecha 11 de Marzo de 2010 de la Dirección General de Administración Territorial de la Consejería de Interior y Justicia por la que se efectúa el nombramiento de funcionario Interino en el puesto de dicha secretaría. Igualmente, se ha aportado a la causa copia del acta de toma de posesión del acusado como Secretario Interventor el día 24 de Marzo de 2010.
Declara el acusado que conoce el documento por el que solicita a Caja Circulo el cambio de firmas (folio 404) reconociendo su firma en el mismo, manifestando que se imagina que la firma que aparece como del alcalde será del alcalde pero no sabe si firmó o no delante de él; que fue él el que redactó el documento y lo dejó en la secretaría, cuando llegó lo encontró firmado y lo envió.
En cuanto a la forma de desempeñar su trabajo como secretario interventor Fernando Acuña manifiesta que al ayuntamiento sólo va los miércoles y Natalia no iba al Ayuntamiento ese día así que él actuaba dejando los papeles que ella tenía que firmar en la secretaría. En cuanto al cheque por valor de 675 euros de fecha 19 de Noviembre de 2012 a pagar al alcalde declara que se corresponde con trabajos de poda y limpieza y en ese cheque él puso su firma pero no las otras dos correspondientes a la tesorera y al alcalde pero lo que sí pone es el pie de firma de cada una de las firmas y luego ya lo firma cada uno. El cheque lo dejó para firmar encima de la mesa.
A preguntas de la defensa vuelve a explicar que el documento dirigido al banco para el cambio de firmas sí lo redactó él y que la única firma que cambiaba para el banco era la suya porque la del alcalde y la tesorera ya estaban registradas en dicha entidad. Declara que él el día 25 de Marzo de 2010 no conocía la firma de Natalia y que el documento lo dejó encima de la mesa de secretaría para que lo firmasen, explicando que la secretaría es un cuarto con un ordenador y unos armarios sin llaves, que a veces se ha encontrado la secretaría abierta cuando ha llegado algún miércoles y que de la secretaría tenían llaves el alcalde Elías Ladero, el teniente alcalde Eusebio, Natalia, la encargada de la limpieza y personal laboral cuando está contratado, además el hermano de la tesorera que fue alcalde podría tener llaves.
Declara el acusado que había problemas a la hora de que la tesorera firmase porque no iba a la secretaría, a veces los documentos a firmar estaban semanas y semanas sin firmar, a veces se los dejaban en el bar de su madre iban y no los había firmado y por eso el alcalde preguntó en Diputación si se podía cambiar y acordar que para las disposiciones fuesen necesarias solo dos firmas y como le dijeron que sí el alcalde firmó un Decreto el 9 de Julio de 2014 para cambiar de tres a dos firmas (folio 154) si bien fue impugnado por Natalia, volvieron a llamar a Diputación y les dijeron que era mejor hacerlo con tres firmas y se anuló el 20 de Agosto el decreto y los pagos que se hicieron durante esos días de vigencia del decreto se regularizaron.
En cuanto a que la forma de trabajar en la secretaría a efectos de recoger las firmas era la explicada por el acusado aparece corroborado por la declaración de los testigos Elias Landero Cortés, el secretario interventor que precedió en el cargo al acusado, Eduardo Cuéllar Cámara e incluso la propia denunciante.
Así, Elías Landero Cortés, alcalde Villaueba de Teba en el año 2010 y 2012 declara en relación con el documento de solicitud de cambio de firmas dirigido a Caja Burgos (folio 403) que se imagina que lo firmó primero él y luego el secretario. En cuanto al cheque a su favor por importe de 675 euros declara que se corresponde a trabajos municipales que así se quedó con la corporación, que si no había contratado operario presentaba factura o documentos de los trabajos realizados. El cheque él lo firma y si falta de firmar alguien se queda en el despacho. Que ha habido problemas con la firma de Natalia y podía pasarse una o dos semanas sin firmar.
A preguntas de la defensa explica el alcalde que el ayuntamiento es una oficina, que la alcaldía y la secretaría están juntas. Que el día 25 de Marzo de 2010 el secretario no podía conocer la firma de Natalia.
En cuanto a la forma de trabajo del secretario interventor explica el alcalde que éste iba los miércoles, que dejaba los documentos encima de la mesa y él pasaba a firmar, no hay caja fuerte y los documentos se dejan en archivadores. Que hay varias personas que tienen llaves del ayuntamiento. Que tuvo que requerir a Natalia para que firmase porque les tenía el ayuntamiento paralizado y aún así seguía habiendo problemas.
Eduardo Cuellar Cámara, secretario interventor en el Ayuntamiento de Teba del 2007 al 2010 declara que él estaba presente el día que Fernando tomó posesión, le enseñó la oficina y como es una agrupación de municipios le acompañó a los otros pueblos. Que no cree que el secretario el día 25 de Marzo tuviese la posibilidad de conocer la firma de Natalia.
En cuanto al a forma de firmar los documentos explica el testigo que lo normal era dejarlos encima de la mesa de Secretaría para que el que tuviera que firmarlos pasase por allí. Como se iba los miércoles se dejaba allí una semana y la secretaría estaba abierta, había varias personas que tenían llave, Natalia, Elías, el teniente alcalde, el secretario y el personal laboral contratado.
A preguntas del Ministerio Fiscal relata que Natalia era concejal cuando él trabajaba y que en raras ocasiones iba a reuniones del Ayuntamiento. Que el acta de los plenos solo lo firma el alcalde y el secretario. Que en cuanto a las órdenes de pago se llevan al banco aunque él deja una fotocopia en el ayuntamiento. Que se podrían encontrar revisando la contabilidad.
La propia Natalia Varona Frias relata que ella trabajaba por lo que Fernando le llamaba cuando tenía que firmar. Que no es cierto que haya estado sin firmar 20 días. Que le dejaban lo que había que firmar encima de una mesa pero que si no le avisan no sabe que tiene que firmar. Que a veces se encontraba que los documentos ya estaban firmados por el alcalde y el secretario y otras veces podía ser que faltase la firma del alcalde porque no se había pasado a firmar por la secretaría. A preguntas de la defensa relata que le dejaban los documentos a firmar en una mesa para la firma ya que el secretario iba sólo los miércoles. Niega que se le achacase que no iba a fimar al ayuntamiento aunque reconoce su firma en el documento nº 5 requerimiento del alcalde para que firmase las órdenes de pago.
Por lo tanto, no creemos que el acusado Fernando Acuña Catrian tuviera el dominio funcional del hecho con independencia del autor material de la falsedad, no hay que olvidar que el documento de cambio de firmas dirigido al banco es de fecha 25 de Marzo de 2010, por lo tanto emitido al día siguiente de que el acusado tomara posesión de su cargo, día en el que ha quedado acreditado que fue a visitar los otros ayuntamientos que forman parte de la corporación acompañado del secretario que le precedió en el cargo. La posibilidad de que el secretario estuviese al día siguiente de tomar posesión revisando la contabilidad a fin de falsificar una firma nos parece algo poco probable. Asimismo, no podemos compartir la premisa de que el acusado fuese el beneficiado de la falsificación pues ningún beneficio logramos ver para el acusado en el hecho de que el alcalde del ayuntamiento cobre un cheque de 675 euros. Por ello, estimamos que la atribución al acusado de la falsificación de los documentos indicados no es una conclusión obvia y evidente.
Así las cosas, existiría una posibilidad abierta en cuanto a la autoría del hecho pues podría haber sido tanto el acusado como otra persona, de forma que en estas circunstancias, la condena al acusado no pasaría de ser una hipótesis de sospecha, cierto que poderosa, pero sospecha al fin y al cabo, convicción en la que no puede descansar una sentencia condenatoria.
Por todo ello, procede la absolución del acusado debiendo tenerse en cuenta que, formando parte de la presunción de inocencia, se desenvuelve el principio in dubio pro reo, como ya hemos dicho, si bien se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, determinando que en aquellos casos en los que, a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, tales pruebas dejen duda en el ánimo del Juzgador, éste se incline a favor de la tesis que beneficie al acusado ( S. TS. 16 de enero de 1997 , por todas). Desde la perspectiva constitucional la diferencia entre presunción de inocencia y la regla in dubio pro reo resulta necesaria en la medida que la presunción de inocencia ha sido configurada por el art. 24.2 como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegido por la vía de amparo, lo que no ocurre con la regla in dubio pro reo , condición o exigencia subjetiva del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso, lo que hace que sólo entre en juego, cuando efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia, lo que pertenece a las facultades valorativas del juzgador de instancia sin que constituya precepto constitucional, aunque si determina la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando resulta vulnerado su aspecto normativo, es decir "en la medida en la que esté acreditado que el tribunal ha condenado a pesar de la duda" , ( S. TS. 26 de enero de 1998 , 12 de abril de 2000 ).
Ante situaciones de incertidumbre o duda, procede que se traiga a colación la regla de juicio que en el orden jurisdiccional penal está constituida por el principio " in dubio pro reo" que da lugar a una declaración negativa de culpabilidad, al ser menos gravoso a las estructuras sociales de un país la libertad de cargo de un culpable que la condena de un inocente,- sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1991, y la sentencia de 11 de octubre de 2006: "El sistema penal propio de un Estado Democrático de Derecho, basado en principios que reconocen los derechos individuales, y entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, no puede asumir la condena de los inocentes, aun cuando ello sea a costa de confirmar en ocasiones la absolución de algunos que pudieran ser culpables". Por consiguiente se dictará una sentencia absolutoria por aplicación del principio al que se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Las costas se declaran de oficio conforme a los arts. 123 y 124 del Código Penal, y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Conforme a los preceptos citados y a las demás disposiciones de general y pertinente aplicación, administrando justicia en nombre del Rey.

FALLO:

Que DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a FERNANDO ACUÑA CATRAIN del delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL cuya comisión se imputaba por el Ministerio Fiscal. Con declaración de las costas de oficio.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que contra ella cabe recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y que se notificará a las partes en legal forma, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Dª Mª Dolores Fresco Rodríguez, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.