Jurisprudencia

Cabecera: Aplicación del régimen de excepción del art. 50.1 de la Ley de Montes.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 15/11/2018
Tipo resolución: Sentencia
Sala: Tercera Sección: Quinta
Número Sentencia: 1623/2018 Número Recurso: 3335/2017
Numroj: STS 4011:2018
Ecli: ES:TS:2018:4011
Voces sustantivas: Incendios forestales, Medio ambiente, Nulidad de pleno derecho, Declaración de impacto ambiental, Evaluación de impacto ambiental, Estudio de impacto ambiental, Exención, Impacto ambiental, Mala fe, Montes catalogados, Ordenación del territorio, Plan parcial, Planes especiales, Trámite de información pública, Adopción, Arbolado, Evaluación ambiental estratégica, Protección del paisaje, Plazos
Voces procesales: Recurso de casación, Escrito de interposición del recurso, Motivos de casación, Motivos del recurso, Representación procesal, Órgano competente

RESUMEN:

Esta Sentencia resuelve el recurso de casación formulado por el Ayuntamiento de la Nucía contra la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 19 de enero de 2017. Esta Sentencia desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 1 de junio de 2013, por el que se aprueba definitivamente la Homologación y Plan Parcial del Sector "Pie de Monte" del municipio de La Nucía (Alicante) y declaró nulos de pleno derecho el Acuerdo y la Homologación y el Plan Parcial impugnados.

ENCABEZAMIENTO:

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
Sentencia núm. 1.623/2018
Fecha de sentencia: 15/11/2018
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 3335/2017
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 14/11/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Cesar Tolosa Tribiño
Procedencia: T.S.J.COM.VALENCIANA CON/AD SEC.1
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo
Transcrito por:
R. CASACION núm.: 3335/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Cesar Tolosa Tribiño
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Quinta
Sentencia núm. 1623/2018
Excmos. Sres.
D. Jose Manuel Sieira Miguez, presidente
D. Octavio Juan Herrero Pina
D. Juan Carlos Trillo Alonso
D. Wenceslao Francisco Olea Godoy
D. Cesar Tolosa Tribiño
En Madrid, a 15 de noviembre de 2018.
Esta Sala ha visto el presente recurso contencioso-administrativo número 3335/2017, formulado por la Procuradora Doña Mercedes Albi Murcia, en representación del Ayuntamiento de La Nucía, bajo la dirección letrada de D. Carlos Valdés Quidiello, contra la sentencia de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el recurso seguido con el número 224/2013, sostenido contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 1 de junio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la Homologación y Plan Parcial del Sector "Pie de Monte" del Municipio de La Nucia (Alicante); habiendo sido partes demandadas: la Administración de la Generalidad Valenciana, representada y defendida por la Sra. Letrada de la Generalidad, Doña Inés Sánchez Lázaro; y Doña María Angeles, debidamente representada por la Procuradora Doña María Luisa González Lagier D. José Juan Server Gallego.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Cesar Tolosa Tribiño.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sección primera, en el recurso nº 224/2013 dictó, el día diecinueve de enero de dos mil diecisiete, Sentencia cuyo Fallo era del siguiente tenor literal:
<<1) Rechazar la solicitud de inadmisibilidad, deducida por el Abogado de la Generalidad en base a la causa prevista en el artículo 69 b) LJCA, del recurso contencioso- administrativo interpuesto por Doña María Angeles contra Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 1 de junio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la Homologación y Plan Parcial del Sector "Pie de Monte" del Municipio de La Nucia;
2) Estimar el recurso contencioso-administrativo;
3) Declarar nulos de pleno derecho el Acuerdo y Homologación y Plan Especial impugnados.
4) Imponer a las partes demandadas - que las satisfarán por mitad - las costas causadas en el proceso, si bien limitando su cuantía a 800 euros por el concepto de defensa y 200 euros por el de representación. [...]>>
SEGUNDO: Notificada a las partes interesadas, la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía presentaron recursos, alegando el Ayuntamiento las infracciones habidas en la sentencia impugnada, al entender que <<[...] existe interés casacional objetivo, ya que resuelve un proceso en el que se impugnó una disposición de carácter general ( art. 88.2g de la LRJCA)>>; La Sala de instancia resolvió con el dictado de los Autos de veintiséis de mayo y uno de junio de dos mil diecisiete, teniendo por preparados los recursos con emplazamiento de las partes para ante este Tribunal de Casación.
Recibidas las actuaciones, y personadas las recurridas, la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, acordó:
<<1°) Admitir el recurso de casación n° 3335/2017 preparado por la representación procesal del Ayuntamiento de La Nucía contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Primera, en fecha 19 de enero de 2017, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo n° 224/2013.
2°) Declarar que la cuestión planteada en el recurso de casación que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, y las normas jurídicas que serán objeto de interpretación en sentencia son las respectivamente indicadas en el fundamento de derecho segundo de la presente resolución.
Esto es, la cuestión que precisa ser esclarecida consiste en determinar "bajo el prisma del artículo 50.1 de la Ley de Montes, en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, si era o no aplicable al presente caso -al existir un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, que ha sido objeto de evaluación favorable con anterioridad al incendio-, esto es, si se da o no la excepción contenida en el artículo 50.1 de la Ley de Montes".
Y, por otra parte, las normas que deberán ser objeto de interpretación son: "el citado artículo 50.1 de la Ley de Montes y la Disposición Transitoria Primera de la Ley 8/2006".
3°) Para la sustanciación del recurso, comuníquese esta resolución a la Sala de instancia y remítanse las actuaciones a la Sección Quinta de esta Sala Tercera, a la que corresponde el enjuiciamiento del recurso con arreglo a las normas sobre reparto de asuntos, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 90.6 y 92.1 de nuestra Ley jurisdiccional.
4°) Inadmitir el recurso de casación preparado por la Generalitat Valenciana, con imposición de costas en los términos expresados en el tercer fundamento de derecho.
5°) Publíquese este auto en página web del tribunal Supremo. [...]>>
TERCERO: El Ayuntamiento de La Nucía interpone recurso al entender que la sentencia impugnada incurre en:
<<-Infracción de la Disposición Transitoria Primera Apartado 2º de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. (infracción identificada en el ordinal I en el "requisitos segundo" del escrito de preparación.)
-Infracción del art. 50.1 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes. (infracción identificada en el ordinal II en el "requisitos segundo" del escrito de preparación.) [...]>>
Y solicita se <<dicte sentencia en virtud de la cual declarando haber lugar al presente recurso de casación, case y anule la sentencia impugnada, y en consecuencia desestime el recurso contenciosos administrativo interpuesto por Dª. María Angeles contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 1 de julio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la Homologación y Plan Parcial del Sector Pie de Monte de La Nuca, declarando ajustado a derecho el indicado acuerdo [...]>>
CUARTO: Concedido traslado, Doña María Angeles formuló su oposición a lo interesado de contrario para solicitar una sentencia desestimatoria. Así las cosas, se tuvo por decaído en su derecho a la Generalidad Valenciana, al haber transcurrido el plazo para oponerse y se dictó providencia señalando para la deliberación, votación y fallo de este recurso el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fecha en la que se celebró con observancia de las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Se interpone el presente recurso contra la sentencia de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el recurso seguido con el número 224/2013, sostenido contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 1 de junio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la Homologación y Plan Parcial del Sector "Pie de Monte" del Municipio de La Nucia.
SEGUNDO: La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, acordó que la cuestión que precisa ser esclarecida consiste en determinar: <<bajo el prisma del artículo 50.1 de la Ley de Montes, en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, si era o no aplicable al presente caso -al existir un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, que ha sido objeto de evaluación favorable con anterioridad al incendio-, esto es, si se da o no la excepción contenida en el artículo 50.1 de la Ley de Montes>>.
Y, por otra parte, las normas que deberán ser objeto de interpretación son: <<el citado artículo 50.1 de la Ley de Montes y la Disposición Transitoria Primera de la Ley 8/2006>>.
TERCERO: La sentencia de instancia afronta con carácter previo, la cuestión planteada por la parte actora que <<aduce como primer motivo del recurso la inexistencia del pronunciamiento ambiental preceptivo de conformidad con la Disposición Transitoria 1ª. Apartado 2° de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente>>.
Según la sentencia de instancia, tras citar textualmente distintas resoluciones resolviendo sobre la materia <<En el caso enjuiciado se dan los supuestos conforme a los que resulta de aplicación la doctrina establecida por esta Sección en las citadas Sentencias ya que nos encontramos ante un instrumento urbanístico comprendido en el artículo 2.a) LEA respecto del que era exigible, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, Apartado 2 LEA - ya que su primer acto preparatorio formal se produjo con anterioridad al 21 de julio de 2004 siendo su acto aprobatorio posterior al 21 de julio de 2006- la Autorización Ambiental Estratégica sin que ésta pueda entenderse sustituida por la Declaración de Impacto Ambiental emitida con fecha 29 de junio de 2007.
Como consecuencia de lo fundamentado ha de apreciarse, en el procedimiento de elaboración de la Homologación y Plan Parcial del Sector "Pie de Monte" del Municipio de La Nucia aprobado definitivamente mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 1 de junio de 2013, la concurrencia de un vicio determinante de su nulidad de pleno derecho en base a la causa prevista en el artículo 62.3 LRJAP y PAC, como así lo ha entendido en un caso similar al presente la Sentencia de la Sección 5a de la Sala 3' del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2013 (Recurso de casación num. 6333/2009). Se trata de un vicio que afecta a la totalidad del plan aprobado ( Sentencia de la Sección 5' de la Sala 3' del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2013 (Recurso de casación num. 7131/2010) y que comporta la anulación de las resoluciones impugnadas conforme a lo establecido en el art. 71.1.a) LJCA>>.
CUARTO: Concluye la sentencia afirmando que <<Lo expuesto implica el acogimiento del segundo de los motivos del recurso referente a que la carencia de Evaluación Ambiental Estratégica implica la inexistencia de un pronunciamiento ambiental favorable a los efectos de la exención contemplada en el artículo 50 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes pues, como alega la demandante, establecida la necesidad de Evaluación Ambiental Estratégica su ausencia determina la inexistencia del pronunciamiento ambiental favorable a que se refiere dicho precepto>>, trascribiendo a continuación su contenido.
QUINTO: Según el art. 50 de la Ley de Montes:
<<1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:
a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.
Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:
a) Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
b) Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.
c) Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.
Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso.
En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal, en los supuestos y con las condiciones indicadas en el párrafo anterior.
En ningún caso procederá apreciar esta excepción respecto de montes catalogados.
2. El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano.
3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el capítulo II del título XVII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, mediante la que se aprueba el Código Penal>>.
SEXTO: El primer argumento de la recurrente contiene el siguiente razonamiento: esta parte <<disiente de la tesis mantenida en la sentencia recurrida, ya que, si bien es obvio que en el presente caso, el primer acto formal del Plan es de fecha 4 de junio de 2004, y por tanto anterior al 21 de julio de 2004, y que la aprobación definitiva es de fecha 26 de julio de 2.013, por tanto, posterior al 21 de julio de 2006, no obstante, lo que no ha tenido en consideración la sentencia impugnada es que la Administración Autonómica, a través de sus Órganos intervinientes, la Comisión Territorial de Urbanismo, y la Comisión de Evaluación Ambiental, no ha considerado siquiera la necesidad de someter el Plan a un procedimiento de Evaluación Ambiental, circunstancia que deriva directamente de la existencia de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aceptable, emitida en el año 2007, con 22 condiciones para su aprobación y el desarrollo del proyecto, entre las cuales existían dos, que en caso de ser desfavorables harían que la DIA también lo fuera: la afección de cauces y la disponibilidad de recursos, que se resolvió con posterioridad.
La sentencia de instancia, con todos los respetos, en el presente caso, debió haber aplicado la excepción contenida en el apartado 2º de la Disposición Transitoria Primera de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y declarar la no aplicación de la indicada Ley 9/2006 de 28 de abril en el presente caso>>.
SÉPTIMO: En efecto, como sintetiza la parte que se opone al recurso, existen dos datos que resultan relevantes para la resolución del mismo:
a) La Homologación y Plan Parcial del Sector Pie de Monte de La Nucia, instrumento que pretendía la reclasificación de 608.171 m2 de suelo no urbanizable, fue aprobado por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 1 de junio de 2013.
b) El mencionado acuerdo aprobatorio consideró como pronunciamiento ambiental suficiente para su adopción la Declaración de Impacto Ambiental emitida en sentido favorable, de manera condicionada, en fecha 29 de junio de 2007.
OCTAVO: Respecto de tales cuestiones, ya nos hemos pronunciado en anteriores ocasiones, bastando, por todas, la cita de la sentencia de la sentencia de 27 de noviembre de 2015 en el recurso nº 831/2014, cuando afirmamos que:
<<De los motivos planteados por ambas partes recurrentes, se concluye que ambos muestran su discrepancia con la sentencia recurrida por dos razones fundamentales. En primer lugar se discrepa de la obligatoria aplicación al Plan impugnado de la legislación estatal concretada en la Ley 9/2006 y la EAE que incorpora. De otro lado, se defiende que dada la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/2006 , y los sucesivos trámites procedimentales en la elaboración del plan, los requisitos de carácter ambiental habrían quedado cumplidos con la DIA incorporada al mismo.
Tales argumentos deben ser desestimados.
Como recoge, entre otras muchas, la Sentencia de esta misma Sala y sección de 9 de mayo de 2014. (Recurso de Casación 5634/2011 ):
"Estos tres motivos de casación tampoco pueden prosperar porque, con independencia de que la argumentación contenida en la sentencia recurrida para exigir la evaluación de impacto ambiental no sea acertada ni precisa, lo cierto es que tal exigencia resulta ineludible, pues, si bien, como se reconoce en la propia sentencia recurrida, el primer acto preparatorio formal del Plan Especial de Infraestructuras impugnado fue anterior al día 21 de julio de 2004, no puede quedar dispensado de tal evaluación de impacto ambiental estratégica por cuanto el apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley, al igual que la Directiva 2001/42/CE , que aquélla transpone a nuestro ordenamiento interno, establecen que no basta, para exonerar a los instrumentos de ordenación (planes y programas) de tal evaluación, con que el primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004, sino que es necesario que su aprobación definitiva no se produzca con posterioridad al 21 de julio de 2006, y la aprobación definitiva del Plan Especial en cuestión tuvo lugar el 20 de julio de 2007, sin que la Administración haya justificado que era inviable que su aprobación se hubiese producido antes del día 21 de julio de 2006, único supuesto en que la norma referida permitiría prescindir de la indicada evaluación ambiental estratégica, lo que no sucede en este caso, razón por la que los motivos de casación tercero y cuarto, alegados por la entidad mercantil recurrente, y el primero de los invocados por el Ayuntamiento no pueden prosperar. Sentencia de 9 de mayo de 2014. (Recurso de Casación 5634/2011 )".
Sobre la suficiencia y validez de la EAE estatal y la insuficiencia de los trámites previstos en la legislación Valenciana, nos hemos pronunciado, entre otras en la Sentencia de 24 de febrero de 2015 , afirmando que:
"SEGUNDO: - Se asegura en el primer motivo que la Sala a quo ha aplicado indebidamente lo establecido en laDisposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril , de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2001/42/CE , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, al considerar en la sentencia recurrida que el Plan Parcial aprobado vulnera la citada norma básica estatal por no haberse sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, con olvido de que ese Plan Parcial impugnado no ha sido dispensado del trámite de evaluación ambiental, sino que, por el contrario, dicho trámite ha sido cumplido adecuadamente mediante el estudio ambiental realizado de acuerdo con la legislación vigente en la Comunidad Valenciana, ya que el primer acto preparatorio formal, según se declara probado en la sentencia recurrida, tuvo lugar el 31 de marzo de 2005, cuando aún no se había aprobado la Ley 9/2006 , mientras que en la Comunidad Autónoma Valenciana, con anterioridad, se había promulgado la Ley 4/2004, de 30 de junio , de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, cuya Disposición Transitoria establecía que, en tanto no se desarrollase la normativa prevista en la Directiva 2001/42/CE , de 27 de junio de 2001, seguirían realizándose Estudios de Impacto Ambiental conforme a su legislación, que requería la incorporación de cierta documentación complementaria y singularmente el análisis e integración de las políticas territoriales y la evaluación de los efectos de una actuación concreta sobre el territorio, de manera que la sentencia recurrida ignora el hecho de que en la tramitación del Plan Parcial se ha seguido un complejo y completo procedimiento de evaluación ambiental, procedimiento este que cumple sobradamente con las exigencias de evaluación ambiental estratégica plasmadas en la mencionada Directiva y después en la indicada Ley estatal, y, en consecuencia, la sentencia recurrida pasa por alto que el Plan Parcial se sometió a la Declaración de Impacto Ambiental según las previsiones de la Ley autonómica valenciana 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y las normas reglamentarias que la desarrollaban.
Este primer motivo de casación no puede prosperar por los propios argumentos o razones que se esgrimen al articularlo, como seguidamente vamos a exponer.
TERCERO .- En primer lugar, la Administración recurrente sostiene que, en contra de lo declarado probado por la Sala de instancia, el Plan Parcial impugnado no ha sido dispensado del trámite de evaluación ambiental estratégica, lo que no se corresponde con el hecho de que en la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial del Sector SUR- 20 de Onda, emitida el 22 de abril de 2008 por la Directora General de Gestión del Medio Natural de la Generalidad Valenciana, se justifica la práctica de un Estudio de Impacto Ambiental, y no de una Evaluación Ambiental Estratégica, porque la Ley 9/2006 permite garantizar la integración ambiental de los planes y programas de reducida dimensión mediante " la aplicación de la evaluación de impacto ambiental ", y ello debido a las razones que seguidamente se exponen, luego es rigurosamente cierto lo declarado inequívocamente por la Sala de instancia en el último párrafo del fundamento jurídico cuarto, al expresar que " los motivos de la Consellería para dispensar de este trámite son inconsistentes, pues con toda la relatividad propia de los aspectos superficiales, una modificación como la que se pretende (de más de 150 Ha. de suelo industrial) no puede calificarse de reducidas dimensiones ".
La evidente realidad de la dispensa de someter el Plan Parcial a la Evaluación Ambiental Estratégica demuestra que la propia Administración urbanística, que lo aprobó, era consciente de que, conforme a la Directiva 2001/42/CE , del Parlamento Europeo y del Consejo, y a la Ley 9/2006, de 28 de abril , de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el Plan Parcial en cuestión quedaba sujeto al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica y por esa razón se dispensa dicho trámite en consideración de su reducida superficie, a pesar de que, como declara la Sala de instancia, ello no es así, 6 pero, aún en el caso de que lo fuese, vendría igualmente sujeto al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica conforme a lo establecido en el artículo 3.3.a ) de la Ley 9/2006, de 28 de abril , salvo que el órgano ambiental hubiese determinado que no es necesario en atención a los criterios fijados en el Anexo II de la citada Ley 9/2006 , según establece su artículo 4 , lo que en este caso no ha tenido lugar por entender, indebidamente, que era suficiente un Estudio de Impacto Ambiental conforme a la tramitación prevista en la Ley valenciana 2/1989 , de 3 de marzo, y normas reglamentarias que la desarrollaban, de modo que, cuando el día 22 de abril de 2008 se emite la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial del Sector SUR-20 de Onda, la propia Administración autonómica recurrente reconoce y admite la vigencia de la Ley 9/2006, de 28 de abril , promulgada dos años antes de esa Declaración derivada de un mero Estudio de Impacto Ambiental, que esta Sala y Sección del Tribunal Supremo, entre otras en su Sentencia de fecha 20 de marzo de 2013 (recurso de casación 333/2010 ), ha declarado que no equivale a una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, causa suficiente para que este primer motivo de casación no pueda prosperar.
CUARTO .- Existen, no obstante, más razones que abundan en la incontestable desestimación del motivo de casación que examinamos y que, además, son determinantes de la manifiesta falta de fundamento del segundo y último motivo de casación.
Asegura la representación procesal de la Administración recurrente, al articular este primer motivo de casación, que la Ley valenciana sobre Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje 4/2004, de 30 de junio, establecía en su Disposición Transitoria que, en tanto no se desarrollase la normativa prevista en la Directiva 2001/42/CE , seguirían realizándose los estudios de impacto ambiental conforme a su propia legislación, lo que corrobora que en el supuesto enjuiciado era plenamente aplicable lo dispuesto en dicha Directiva 2001/42/CE , dado que ésta había sido incorporada al ordenamiento interno español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril , dos años antes de emitirse aquella Declaración de Impacto Ambiental por el órgano ambiental autonómico y de aprobarse definitivamente el Plan Parcial Industrial SUR-20 de Onda, de manera que la mentada Directiva se encontraba plenamente desarrollada por el ordenamiento interno en España, lo que evidencia que el Tribunal de instancia llevó a cabo una interpretación y aplicación correctas de la Disposición Transitoria de la mentada Ley autonómica valenciana 4/2004, de 30 de junio>>.
NOVENO: Tampoco cabe admitir que, en el presente caso, resulte posible aplicar la doctrina jurisprudencial relativa a la declaración de inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica, que se alega sin ningún razonamiento por la parte recurrente, dado que dicha declaración, recogida en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, exigiría la concurrencia de especiales circunstancias y de una intensa motivación, requisitos que no concurren en el presente caso.
DÉCIMO: A partir de las anteriores consideraciones, la cuestión referente a la aplicación del art. 50 de la Ley de Montes resulta clara. En efecto, la inexistencia de la preceptiva evaluación ambiental estratégica determina la ausencia de un pronunciamiento ambiental válido a los efectos de permitir la aplicación de la exención contemplada en el artículo 50.1 de la Ley de Montes respecto a las prohibiciones de uso establecidas para los terrenos forestales incendiados.
UNDÉCIMO: De acuerdo con todo lo expuesto y rechazando la interpretación que mantiene la parte recurrente, consideramos que procede declarar como doctrina jurisprudencial que no se da la excepción contenida en el artículo 50.1 de la Ley de Montes, al no existir una evaluación ambiental favorable.
DÉCIMO SEGUNDO: La interpretación que se acaba de establecer conduce a la desestimación de las pretensiones que la parte deduce y precisa en el escrito de interposición del recurso, con apoyo en la interpretación defendida por la misma y que se ha rechazado.
No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes, de manera que, como determina el art. 93.4 de la Ley jurisdiccional, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

FALLO:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido de acuerdo con la interpretación de las normas establecidas en el fundamento jurídico undécimo:
Desestimar el recurso de casación 3335/2017, interpuesto contra la sentencia de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el recurso seguido con el número 224/2013, sostenido contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 1 de junio de 2013 por el que se aprueba definitivamente la Homologación y Plan Parcial del Sector "Pie de Monte" del Municipio de La Nucía, que queda firme; con determinación sobre costas en los términos establecidos en el último fundamento de derecho.
Notifíquese esta resolución a las partes interesadas e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
Jose Manuel Sieira Miguez. Octavio Juan Herrero Pina, Juan Carlos Trillo Alonso,
Wenceslao Francisco Olea Godoy, Cesar Tolosa Tribiño.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, D. Cesar Tolosa Tribiño, estando la Sala reunida en audiencia pública; Doy fe.