Jurisprudencia

Cabecera: Incremento de la compensación económica a la ex pareja por su doble dedicación a la familia y al trabajo. La compensación económica por razón del trabajo se fundamenta en el desequilibrio que se produce entre las economías de ambos convivientes por el hecho de que uno de ellos desarrolle una tarea que no genera excedentes acumulables y el otro realice otra que sí los genera.
Jurisdicción: Civil
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Fecha: 21/06/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 56/2018 Número Recurso: 118/2017
Numroj: STSJ CAT 5922:2018
Ecli: ES:TSJCAT:2018:5922
Voces sustantivas: Compraventa, Cuentas anuales, Donación, Enriquecimiento injusto, Non liquet, Pareja de hecho, Patentes, Prima facie, Préstamo hipotecario, Registro mercantil, Simulación, Ampliación de capital, Analogía, Aplicación de las normas jurídicas, Bienes inmuebles, Documento privado, Documento público, Fondos de pensiones, Incremento del valor, Incrementos patrimoniales, Negligencia, Presunciones, Pago del precio, Patrimonio final, Patrimonio inicial, Presunciones legales, Resultado contable, Reglas de valoración, Animus donandi, Bienes fungibles, Capitalización, Costas del recurso, Criterios de valoración, Cuentas bancarias, Deducciones, Derecho a la tutela judicial efectiva, Documentos privados, Documentos públicos, Embargo, Fuerza probatoria de los documentos públicos, Marcas, Matrimonio, Negocio jurídico, Remuneración, Salario, Valor de mercado
Voces procesales: Medios de prueba, Prueba, Quiebra, Recurso de apelación, Recurso de casación, Recurso extraordinario por infracción procesal, Admisión del recurso de casación, Admisión del recurso extraordinario por infracción procesal, Alegaciones de hechos, Carga de la prueba, Causa petendi, Confesión, Contestación a la demanda, Declaración testifical, Depósito para recurrir, Derecho a la tutela judicial efectiva, Dictamen de peritos, Dictamen pericial, Disponibilidad y facilidad probatoria, Informe pericial, Interposición del recurso, Interés casacional, Motivación de la sentencia, Motivos del recurso, Motivos del recurso de casación, Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, Prueba documental, Pretensiones de las partes, Prueba pericial, Resoluciones judiciales, Resoluciones judiciales definitivas, Sentencia de apelación, Valoración de la prueba pericial, Efecto negativo, Otros medios de prueba, Ratio decidendi

ENCABEZAMIENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Sala Civil y Penal
Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal núm. 118/2017
SENTENCIA NÚM. 56
Ilmo. Sr. D. José Francisco Valls Gombau
Ilma. Sra. Dª. Mª Eugènia Alegret Burgués
Ilmo. Sr. D. Jordi Seguí Puntas
Barcelona, 21 de junio de 2018
La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados que se expresan más arriba, ha visto el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal núm. 118/2017 contra la sentencia dictada en el 100/2013 Recurso de apelación - Sección Civil 18 Audiencia Provincial Barcelona como consecuencia del procedimiento 457/2011 Guarda y custodia - Juzgado Primera Instancia 3 Rubí. La Sra. Noemi interpus recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, representada por el/la Procurador/a ANGEL MONTERO BRUSELL y defendida por el/la Letrado/a CRISTINA OGAZON RIVERA. El/La Sr/a. Eleuterio, interpuso recurso de casación, representado por el Procurador Sr. ANGEL JOANIQUET TAMBURINI y defendido por el/la Letrado/a JOAQUIM BAYO DELGADO. Con la debida intervención del MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- La procuradora Sra. Victoria Morales Frasnedo, en representación de Noemi, formuló demanda de procedimiento de guarda y custodia núm. 457/11 ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Rubí. Seguida la tramitación legal, el Juzgado dictó Sentencia en fecha 26 de julio de 2012, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente:
"Que estimando como estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dª. Noemi, representada por la Procuradora Sra. Morales Fresnedo, contra D. Eleuterio, representado por el Procurador Sr. Ruiz Amat, y con intervención del Ministerio Fiscal, se establece el siguiente régimen de guarda y custodia:
"1.- Los dos progenitores ejercerán de forma conjunta la patria potestad de sus dos hijas menores, Adelaida, nacida el NUM000 de 1995 y Araceli, nacida en fecha NUM001 de 1997.
2.- Se atribuye la guarda y custodia de las hijas menores de edad de la pareja, Adelaida y Araceli de forma compartida a ambos progenitores, por semanas alternas, realizándose los cambios los lunes, a la hora de salida del colegio; el domicilio materno se halla en Sant Cugat del Vallès, CALLE000, núm. NUM002 y el paterno en C/ DIRECCION000, núm. NUM003, NUM004- NUM005 de Barcelona.
2.1- En el supuesto de que el lunes sea festivo, el progenitor que tenga a las niñas las acompañará al domicilio del otro progenitor a las 10 h. de la mañana.
2.2- El progenitor que esté con las menores será el encargado de acompañarlas al domicilio del otro progenitor en las alternancias de guarda semanal y períodos vacacionales.
2.3- Los días del padre y la madre serán disfrutados con el respectivo progenitor, pudiendo pasar las hijas con el padre o madre desde la salida del colegio hasta la entrada en el colegio al día siguiente, o desde las 10 h. de la mañana hasta la mañana siguiente en el caso de que no sean días lectivos.
2.4- El progenitor que no se halle con las hijas durante la semana en la que celebren su cumpleaños, tendrá derecho de visita y comunicación con la niña en el día del cumpleaños, desde la salida del colegio hasta las 20 h. si fuera día lectivo, o desde las 10 h. hasta las 15 h, o desde las 15 h. hasta las 20h, si fuera día festivo o fin de semana.
2.5- Cada progenitor, durante el tiempo que tenga asignado, será responsable de llevar y recoger a las menores en el colegio, así como de aquellas actividades extraescolares que en cada momento realicen; cada progenitor podrá delegar en un familiar o persona de confianza dicha tarea.
2.6- El modelo de educación escolar y el de salud han sido consensuados y elegidos de común acuerdo por ambos progenitores; las actividades extraescolares que realicen las menores serán consensuadas por ambos progenitores respetando la opinión de las menores; en el caso de que uno de los progenitores decida unilateralmente una actividad extraescolar, abonará en exclusiva el coste de la misma.
2.7- El padre y la madre están obligados a facilitar el contacto telefónico de las menores con el otro progenitor al menos una vez al día, entre las 19 y las 21 h. tanto en período ordinario como en vacaciones, estando ambos obligados a facilitar al otro un teléfono de contacto en vacaciones.
2.8- Ambos progenitores están obligados a comunicarse entre ellos cualquier información sobre circunstancias escolares, de salud u otras que afecten a las menores, así como a notificar con la suficiente antelación cualquier alteración en sus respectivas actividades que puedan afectar a sus hijas, por el medio más rápido posible.
El padre y la madre pueden obtener información escolar (notas, tutorías) directamente del colegio en el que están matriculadas sus hijas.
2.9- Las decisiones importantes que puedan afectar a las hijas serán tomadas de común acuerdo por ambos progenitores y se ejercerán siempre en beneficio de las menores y de acuerdo con su personalidad y respetando sus opiniones; en caso de desacuerdo entre ellos, cualquiera de los progenitores podrá solicitar el auxilio judicial.
2.10- Los progenitores acuerdan que cualquier cambio de domicilio que implique cambio de provincia y de centro escolar, requerirá el consentimiento previo y expreso de ambos.
3.- Las vacaciones de Semana Santa, Verano y Navidad se dividirán de la siguiente forma entre ambos progenitores:
-Mitad de las vacaciones escolares de Navidad, correspondiendo a la madre en los años impares la primera mitad (desde el último día lectivo hasta el 30 de diciembre a las 20:00 horas) y la segunda mitad (desde el 30 de diciembre hasta las 20:00 horas del día anterior al inicio de la actividad escolar) en los pares la segunda mitad, y al padre en los años impares la segunda mitad y en los pares la primera mitad.
-Mitad de las vacaciones escolares de Semana Santa, correspondiendo a la madre en los años impares la primera mitad y la segunda mitad en los pare, y al padre a la inversa.
- Mitad de las vacaciones escolares de verano, que se dividirán en cuatro períodos, del 1 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio, del 1 al 15 de agosto y del 16 de agosto hasta el 31 de agosto, correspondiendo a la madre, en los años impares las dos primera quincenas de cada mes y al padre, en los años pares, las dos primeras quincenas de cada mes.
4.- Se atribuye el uso y disfrute exclusivo del domicilio familiar, sito en Sant Cugat, CALLE000, debiendo ambos padres responsabilizarse en dejar las residencias de temporada limpias, cerradas y acondicionadas.
5.- El padre deberá contribuir con la cantidad de 1.600 €/mes en concepto de pensión de alimentos de las menores Adelaida y Araceli y la madre contribuirá con la cantidad de 400 €/mes; a falta de acuerdo estos importes, que se actualizarán anualmente conforme a IPC (según datos del INE publicados por organismo oficial), serán ingresados en una cuenta bancaria el día 1 de cada mes, ocupándose cada progenitor de administrar la pensión para los gastos ordinarios de las hijas cuando estén en su compañía.
Cada progenitor contribuirá en la misma proporción a los gastos extraordinarios de las hijas, entendiendo por éstos los de salud no cubiertos por el sistema público de seguridad social o por las coberturas de los seguros privados, viajes de vacaciones y aquellos otros no previstos y que sean necesarios para la formación o educación de las menores y en los que estén de acuerdo ambos progenitores y sufragando el padre el 80% y la madre el 20% y conforme a lo dispuesto en el FD TERCERO de la presente resolución; en el caso de que uno de los progenitores decida unilateralmente una actividad extraescolar, abonará en exclusiva el coste de la misma.
6.- Los gastos de estudios y manutención en el extranjero de la hija mayor de edad Violeta seguirán siendo sufragados por el padre, incluyendo gastos por desplazamiento; durante el tiempo que disfrute de vacaciones en Sant Cugat del Vallès o Barcelona, y mientras no sea independiente económicamente, ambos progenitores costearán sus gastos, en proporción del 20% a cargo de la madre y 80% a cargo del padre.
7.- No ha lugar a declarar el derecho de Dª. Noemi a obtener la indemnización por trabajo que solicita a cargo de D. Eleuterio.
Y todo ello sin expresa condena al pago de las costas a ninguna de las partes".
SEGUNDO.- Contra esta Sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, el qual se admitió y se sustanció en la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual dictó Sentencia en fecha 2 de mayo de 2014, con la siguiente parte dispositiva:
"Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Noemi contra la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Rubi , debemos revocar y revocamos dicha resolución en lo que se refiere a la aportación paterna a los alimentos de las dos hijas Adelaida y Araceli en 2000 euros mensuales.
Se cuantifica la compensación económica por razón del trabajo de la Sra. Noemi a cargo del Sr. Eleuterio en setenta y tres mil setecientos sesenta y dos con cincuenta euros (73.762'50 euros).
Se confirma en lo demás la sentencia recurrida, sin hacer expreso pronunciamiento de las costas causadas en el presente recurso".
TERCERO.- Contra esta Sentencia, la representación procesal de Noemi interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal que se sustanció ante este Tribunal dictando Sentencia en fecha 8 de octubre de 2015, con la siguiente parte dispositiva:
"ESTIMAR el recurs extraordinari per infracció processal interposat per la representació processal de la Sra. Noemi contra la sentencia, de data 2-05-2014, dictada per la secció divuit de l'Audiència Provincial de Barcelona, i declarar la nul litat de la sentencia indicada, de manera que es torni a dictar nova sentència que, amb l'aparell argumental complert i que la Sala d'apel lació consideri adequat, es quantifiqui la compensació económica reconeguda a la part recurrent. No procedeix efectuar imposició de les costes d'aquesta alçada i s'escau retornar a la part recurrent el dipòsit constituït".
CUARTO.- Devueltas las actuaciones a la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ésta dictó nueva Sentencia en fecha 13 de junio de 2016, con la siguiente parte dispositiva:
"Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Noemi contra la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Rubí, debemos revocar y revocamos dicha resolución en lo que se refiere a la aportación paterna a los alimentos de las dos hijas que se fija en 2.000 euros mensuales.
Se cuantifica la compensación económica por razón del trabajo de la Sra. Noemi a cargo del Sr. Eleuterio en setenta y tres mil setecientos sesenta y dos con cincuenta euros (73.762'50 euros).
Se confirma en lo demás la sentencia recurrida, sin hacer expreso pronunciamiento de las costas causadas en el presente recurso".
QUINTO.- Contra esta Sentencia, la representación procesal de Noemi interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal y, la representación procesal de Eleuterio interpuso recurso de casación. Por Auto de fecha 26 de febrero de 2018, este Tribunal se declaró competente y admitió a trámite parcialmente los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la Sra. Noemi, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por el Sr. Eleuterio; dándose traslado a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal para formalizar oposición por escrito en el plazo de veinte días.
CUARTO.- Por providencia de fecha 16 de abril de 2018 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación y de conformidad con el art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se señaló para su votación y fallo que ha tenido lugar el día 17 de mayo de 2018.
Ha sido ponente el/la Magistrado/a Doña Mª Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Antecedentes
1.- En el litigio sobre extinción de pareja de hecho que tuvo lugar entre la Sra. Noemi y el Sr. Eleuterio, el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Rubi, en sentencia de 26 de julio de 2012, acordó entre otros efectos -que ya no se cuestionan ahora y que resultan por tanto irrelevantes- que no había lugar a establecer una compensación económica por razón del trabajo y dedicación a la familia a favor de la Sra. Noemi y a cargo del Sr. Eleuterio.
2.- Recurrida esta sentencia por la Sra. Noemi, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de apelación en sentencia de 2-5-2014.
Después de declarar que la actora había trabajado para la casa y para la familia sustancialmente más que el Sr. Eleuterio y que también había trabajado en los negocios de su pareja con insuficiente retribución, así como la existencia de un desequilibrio patrimonial en el momento de la extinción por haberse enriquecido uno en mayor medida que el otro (FJ 5 par. 1º y 2º) cifró dicho desequilibrio en la suma de 8.851.499 millones de euros y en un 12% de la diferencia entre incrementos patrimoniales, el porcentaje adecuado para establecer la compensación. Sin embargo, acordó finalmente establecer una compensación económica de 73.762,50 euros. Interpuesto el correspondiente escrito de aclaración, la Sala de apelación estimó que no existía un error aritmético, que el resultado final correspondía con la decisión del Tribunal aunque no se recogía en forma completa el proceso llevado a cabo para llegar la suma concedida, añadiendo que se había tenido en cuenta que el Sr. Eleuterio había realizado un esfuerzo notablemente superior al de la Sra. Noemi en el incremento patrimonial así como los beneficios obtenidos por la Sra. Noemi por su participación en las empresas del Sr. Eleuterio. Esta sentencia fue recurrida por la Sra. Noemi quien interpuso sendos recursos por infracción procesal y de casación que fueron admitidos a trámite por esta Sala.
3.- La sentencia de esta Sala, de fecha 8 de octubre de 2015 dictada en dicho recurso estimó el primero de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal formulado y procedió a la anulación parcial de la sentencia por defectuosa e incompleta motivación a lo que se añadía otro defecto procesal como era la consideración de nuevas argumentaciones en el Auto de aclaración, emitiendo el Fallo que a continuación se reproduce:
"ESTIMAR el recurs extraordinari per infracció processal interposat per la representació processal de la Sra. Noemi contra la sentencia, de data 2-05-2014, dictada per la secció divuit de l'Audiència Provincial de Barcelona, i declarar la nul litat de la sentencia indicada, de manera que es torni a dictar nova sentència que, amb l'aparell argumental complert i que la Sala d'apel lació consideri adequat, es quantifiqui la compensació económica reconeguda a la part recurrent".
4.- La Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó nueva sentencia el día 13 de junio de 2016. En dicha sentencia se confirma el fallo de la sentencia parcialmente anulada por esta Sala. En la misma se cifra ahora la diferencia patrimonial en la suma de 4.388.256,01 euros; se considera atribución patrimonial del Sr. Eleuterio a la Sra. Noemi la suma de 348.273 euros por las 569 participaciones de las que esta es titular de la entidad Gioca SL. Dice la sentencia que aplicando un porcentaje a la diferencia patrimonial de entre el 9% o el 10% y restando la suma "atribuida" a la Sra. Noemi por el Sr. Eleuterio de 348.273 euros se obtendría un resultado de entre 46.669.52 euros (9%) y 90.552,08 (10%), razón por la cual la cantidad de 73.762,50 euros establecida en la sentencia parcialmente anulada era correcto. Denegó luego aclarar o rectificar ciertos defectos que ambas partes pusieron de manifiesto en sendos escritos aclaratorios.
5.- La Sra. Noemi presenta un nuevo recurso extraordinario por infracción procesal, al amparo del art. 469.1 Lec, recurso que dividió en tres motivos A,B y C (con varios submotivos). Solo dos (A y C) fueron admitidos a trámite. También presentó recurso de casación que articuló en dos motivos. El primero por presentar el asunto interés casacional al vulnerar la sentencia de la Audiencia la doctrina legal y el segundo por inexistencia de doctrina legal en relación con determinados puntos que el motivo desgrana.
Salvo el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, los restantes motivos fueron admitidos a trámite por el Auto de esta Sala de 26-2-2018.
SEGUNDO.- Cuestiones previas
La parte demandada se opone a la admisión del recurso de casación por interés casacional por estimar que el mismo presenta defectos en su formulación, lo que haría inviable la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal. Dicha cuestión será analizada en el siguiente fundamento jurídico.
Por su parte, la recurrente en el desarrollo argumental de sus recursos parece dar a entender que la Sala de apelación venía vinculada por las declaraciones realizadas en la anterior sentencia de apelación, así en orden a la valoración de la prueba pericial, documental, a la naturaleza jurídica de la adquisición por parte de la Sra. Noemi de las participaciones de Gioca SL, o a la insuficiencia de la remuneración obtenida por la Sra. Noemi en los últimos años de convivencia por su dedicación a la empresa Gioca SL.
Finalmente, la misma parte infunde, en el marco de lo que denomina: Consideración final.- Motivación de la imparcialidad del tribunal en su sentencia de fecha 13 de junio de 2016 , una suerte de sospechas sobre la presunta parcialidad de la Sala al resolver el recurso, en función de las relaciones sentimentales de una de las partes con un miembro de la Sala de apelación que no formó parte del tribunal que dictó la sentencia.
Pues bien, hemos de desechar las argumentaciones de la defensa de la Sra. Noemi en orden a la vinculación de la Sala de apelación con las apreciaciones realizadas en la anterior sentencia, parcialmente anulada, en orden a la cuantificación de la compensación económica por razón del trabajo.
Como dijimos en el Auto de esta Sala de 26 de febrero de 2018 la segunda sentencia de la Audiencia no podía analizar de nuevo la procedencia de la compensación, reconocida en los dos primeros párrafos del FJ 5 de la primera sentencia, pero sí su cuantificación.
Esta se obtiene según el art. 232-6 del CCCat mediante una serie de reglas de cálculo a través de las cuales se determinan los incrementos que ha experimentado el patrimonio de cada miembro de la pareja durante la convivencia para una vez obtenida la diferencia, aplicar sobre la misma un porcentaje que no exceda, como regla general, de la cuarta parte establecida en el art. 232-5.4.
Por tanto la Audiencia para cuantificar la compensación podía incidir tanto en las reglas de cálculo para obtener la diferencia del incremento patrimonial como en el porcentaje a aplicar sobre ella pues todos estos parámetros influyen en el resultado o quantum final.
Lo que esta Sala exigió es una motivación coherente y completa en tanto que en la primera sentencia era evidente, a primera vista y sin necesidad de mayores esfuerzos intelectuales que el desarrollo argumental incurría en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no podían considerarse basadas en las razones aducidas. Hecho reconocido por la propia Sala de apelación en su Auto de aclaración.
El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que proscribe el art. 24.1 CE, asegura a los que han sido parte en un proceso que las resoluciones judiciales definitivas dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas siempre que ello ocurra fuera de los cauces legales establecidos para ello ( SSTC 180/1997, 27 de octubre, FJ 2; 48/1999, 22 de marzo, FJ 2; 218/1999, 29 de noviembre, FJ 2, entre otras), de tal modo que ello es posible si la sentencia ha sido anulada por estimarse que la misma adolecía de una motivación adecuada y luego en la segunda sentencia se llega al mismo resultado final o bien se modifica en base a una nueva argumentación ya que el pronunciamiento anulado puede ser sustituido por uno nuevo en cumplimiento de la nulidad decretada.
Finalmente, las consideraciones realizadas en la parte final del recurso acerca de una presunta parcialidad de la Sala no serán analizadas por este órgano de casación al no fundar ningún motivo por infracción procesal al amparo del art. 469.1, 3 o 4 de la Lec 1/2000.
TERCERO.- Admisibilidad del recurso de casación
La parte recurrida, al oponerse a los recursos formulados, aduce que el recurso de casación no debió ser admitido por la Sala y, por ende, lo propio debió hacerse respecto del recurso extraordinario por infracción procesal en aplicación de la DF 16.1, 5 de la Lec 1/2000.
La parte recurrente divide el recurso de casación en dos: uno principal, que funda en la contradicción de la sentencia con la doctrina de esta Sala de conformidad con el art. 3 a) de la Llei de casación 4/2012 y otro subsidiario por falta de doctrina legal respecto de determinados artículos del CCCat.
En relación con el primer motivo del recurso asiste razón a la parte recurrida. El mismo adolece de la debida claridad expositiva pues aunque entendiésemos posible citar en el mismo motivo todas las infracciones legales que se dicen cometidas, por su evidente relación, lo cierto es que ni en el encabezamiento ni en la formulación del motivo que discurre entre las páginas 66 a 118, se expone, partiendo de los hechos declarados probados, cuál sería la doctrina de esta Sala que emanaría de las sentencias que se recogen diseminadas en el motivo, ni cuándo, cómo y dónde habría sido vulnerada por la sentencia de la Audiencia. Esta carga de justificar el interés casacional del recurso de casación interpuesto es algo distinto y diferente a razonar que existe la vulneración de un precepto legal del ordenamiento civil catalán.
La descripción del concreto interés casacional del recurso de casación requiere, con carácter general, que se exprese en el encabezamiento o en la formulación del motivo, de manera destacada la jurisprudencia o doctrina que se solicita dicte o fije el Tribunal Superior o se declare infringida por la sentencia recurrida, y todo ello en forma independiente de las infracciones legales o el breve resumen que ha de realizarse necesariamente en cada motivo del recurso de casación, pues, como hemos referido, se trata de dos cosas distintas y diferenciadas.
Respecto al modo de hacer efectiva dicha carga si bien no existe un modelo rígido al que ajustarse es necesario que se deduzca claramente de su formulación sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación - art. 481 Lec- y que, en todo caso, en el recurso de casación se disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar le existencia de la vulneración del precepto legal infringido y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presente interés casacional.
En el caso debatido, siendo que la norma aplicable para el acceso a la casación es el art. 3 a) de la Ley 4/2012, de 5 de marzo, y que el interés casacional se afirma en base a la oposición de jurisprudencia de la Sala, hemos reiterado que para que ello se produzca se requiere:
(a) La mención de dos sentencias dictadas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, razonándose cómo, cuándo y en qué sentido ha sido vulnerada la doctrina de cada una de ellas completada con una relación histórica análoga o similar a la que aplicar las mismas o similares normas. Requiere, por ello, motivar sobre la identidad sustancial de supuestos entre la sentencia recurrida y las que se invocan como contradictorias, y no la simple prácticamente transcripción íntegra de la misma.
(b) Esta exigencia comporta no sólo que se trate de supuestos fácticos homologables, sino también que, en todos los casos, la ratio decidendi de las sentencias citadas haga especial contemplación de uno o más aspectos de tales supuestos para la aplicación o para la inaplicación del precepto citado como infringido, de modo que, por un lado, sea posible elevar dichos aspectos a categoría jurídica a fin de justificar la revisión nomofiláctica que la casación implica, y, por otro, que, más allá de lo contradictorio de las interpretaciones patrocinadas en cada caso, puedan considerarse aquéllos intercambiables entre las sentencias comparadas, sin que se produzca ninguna alteración de la coherencia de sus respectivos razonamientos jurídicos.
De este modo no existirá el interés casacional si las sentencias que se invocan han resuelto conforme a las circunstancias del caso, ni cuando no se señala la doctrina legal que la sentencia recurrida habría infringido, indicando cual es la doctrina que emana de las Sentencias que se citan, y cómo, dónde y cuándo ha sido desconocida la misma por la Sala, sin que sea suficiente acotar, como se hace en el motivo, declaraciones generales y no precisar cuál sería la doctrina legal y en qué sentido ha sido desconocida por la Audiencia. ( ATSJCat, por todos de 26 de febrero de 2018).
La inadmisibilidad del motivo es ahora causa de desestimación del mismo.
Por el contrario, el segundo motivo del recurso de casación que subsidiariamente se formula, por inexistencia de jurisprudencia ex art. 3 b) de la Llei 4/2012, cumple suficientemente, a juicio de la Sala, los criterios legales de admisión, ya que en él se expone (párrafo tercero señalados con puntos) la doctrina que solicita se dicte en relación con determinadas cuestiones, por lo que sin perjuicio de lo que luego se dirá al proceder a su análisis, el recurso era admisible y por ende, también, el recurso extraordinario por infracción procesal formulado.
Recurso extraordinario por infracción procesal
CUARTO.- Error en la valoración de las pruebas. Art. 469.1 , 4 de la Lec
En el primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se denuncia al amparo del art. 469.1, 4 de la Lec 1/2000, la existencia de errores patentes en la valoración de las pruebas practicadas, y la omisión de la valoración de pruebas trascedentes.
Se denuncian así errores en la valoración de la prueba pericial, de la documental pública y privada y de la declaración testifical.
Antes de entrar propiamente en cada una de las infracciones denunciadas conviene recordar que es doctrina constante del TS, Sala 1ª que por conocida exime de toda cita, la que proclama el carácter excepcional del control de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de instancia, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, en la medida que no todos los errores en la valoración tienen relevancia constitucional ( sentencias 418/2012, de 28 de junio, 262/2013, de 30 de abril, ambas citadas por la más reciente 382/2016, de 19 de mayo). El hecho de que la revisión de la valoración probatoria no esté expresamente prevista en ninguno de los motivos de infracción procesal recogidos en el artículo 469 Lec, claramente pone de manifiesto que el legislador reservó dicha valoración a los órganos de instancia.
En este sentido hemos dicho en la STSJCat de 20 de octubre de 2016, entre otras, que la denuncia relativa a la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de apelación : "solo puede excepcionalmente tener acceso al recurso extraordinario por infracción procesal por la existencia de un error patente o arbitrariedad o por la infracción de una norma tasada de valoración de prueba que haya sido vulnerada, al amparo del art. 469.1.4º LEC en cuanto, al ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supera conforme a la doctrina constitucional el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE " ( STS 1ª 144/2014 de 13 mar . FD8, con cita de las SSTS 1ª 131/2012 de 21 mar . y 215/2013 bis de 8 abr .) y la consecuencia es que "la valoración de la prueba, como función soberana y exclusiva de los juzgadores que conocen en las instancias, no es revisable en el recurso extraordinario por infracción procesal, salvo cuando se conculque el art. 24.1 CE ...lo que impide, si no se demuestra de modo patente la existencia de una infracción de las reglas del discurso lógico aplicables al proceso, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo propio, por acertado que pueda parecer, como tampoco dar prevalencia a determinados elementos probatorios sobre otros que el tribunal sentenciador haya considerado más relevantes o convincentes" ( STS 1ª 144/2014 de 13 mar . FD9).
Entiende el Tribunal Supremo que ello puede ocurrir cuando: a) exista un error notorio o patente en el examen del material probatorio; o b) cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica ( Sentencias de 28 de junio y 18 de diciembre de 2001; 8 de febrero de 2001; 21 de febrero y 13 de diciembre de 2003; y 9 de junio de 2004); o c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericial ( Sentencias de 20 de febrero de 1992, 28 de junio de 2001, 19 de junio y 19 de julio de 2002, 21 y 28 de febrero de 2003, 24 de mayo, 13 de junio, 19 de julio y 30 de noviembre de 2004); aunque no le será factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla para ofrecer sus propias conclusiones o deducciones. Por todas, STS Sala primera de 30 de octubre de 2013.
Además, para que el error pueda ser subsanado por la Sala de casación es necesario según la STS de 3 de octubre de 2012 ( STS 6697/2012) con cita de la STC de 55/2001, de 26 de febrero que: "... que el error sea determinante de la decisión adoptada, esto es, que constituya el soporte único o básico de la resolución (ratio decidendi), de modo que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución, de no haberse incurrido en el mismo. Es necesario, en segundo término, que la equivocación sea atribuible al órgano judicial, es decir, que no sea imputable a la negligencia de la parte, pues en caso contrario no existirá en sentido estricto una vulneración del derecho fundamental [...]. En tercer lugar, el error ha de ser, como ya se ha advertido, patente o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia. Y, por último, la equivocación ha de producir efectos negativos en la esfera del ciudadano, de modo que las meras inexactitudes que no produzcan efectos para las partes carecen, pues, de relevancia constitucional".
La STS, Sala 1ª de 196/2016 de 30 de marzo, añade que el adecuado planteamiento de esta infracción "exige identificar y justificar concretamente el medio o, de ser varios, los medios probatorios cuya valoración incurre en arbitrariedad, error patente o infringe una norma legal tasada de valoración y destacar la relevancia de este juicio de valoración erróneo en la resolución de la controversia. Por esta razón, en principio, no sería posible realizar esta denuncia para combatir el resultado de una valoración conjunta de la prueba, en el que las conclusiones fácticas obtenidas de la valoración de algún medio probatorio calificada de errónea, hayan sido obtenidas y fijadas por mor de otras pruebas valoradas en conjunto".
Por su parte, la STS, Sala 1ª nº 234/ 2016 de 8 de abril recuerda que la selección de los hechos más relevantes, la valoración de las pruebas practicadas, que necesariamente supone otorgar un mayor relieve a unas que a otras, podrá ser o no compartida (....), pero no puede ser tachada de ilógica ni irracional y no vulnera ninguna regla tasada de valoración de la prueba. Que el juicio del tribunal de apelación sobre la importancia relativa de unas y otras pruebas, la valoración de las mismas, las conclusiones fácticas que extrae de este proceso valorativo, y la mayor relevancia otorgada a unos u otros aspectos fácticos, no sean compartidos por la recurrente, incluso que sean razonablemente discutibles, no convierte en arbitraria ni errónea la revisión de la prueba hecha por la Audiencia Provincial.
Pues bien, ello sentado, por razones lógico-jurídicas examinaremos en primer lugar los defectos que se denuncian en orden a la valoración de la prueba pericial y documental privada en relación con el valor del patrimonio del Sr. Eleuterio para abordar seguidamente la cuestión referente a la prueba de la suficiencia de la retribución por los trabajos desempeñados por la Sra. Noemi en la empresa Gioca SL, quedando para el final la valoración de la prueba documental en orden a la cesión de las participaciones de dicha empresa por parte del Sr. Eleuterio a la Sra. Noemi al hallarse la misma relacionada con la infracción del art. 217 de la Lec, objeto también del segundo de los motivos del recurso admitidos.
QUINTO.- Valoración de la prueba pericial y documental en relación con el patrimonio del Sr. Eleuterio
En relación con la prueba pericial combatida debemos recordar que igualmente es doctrina legal reiterada (por todas STS 21 de julio de 2016) que en nuestro sistema procesal es tradicional sujetar la valoración de prueba pericial a las reglas de la sana crítica. El artículo 632 de la LEC anterior establecía que los jueces y tribunales valorasen la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a someterse al dictamen de peritos, y la nueva LEC, en su artículo 348 de un modo incluso más escueto, se limita a prescribir que el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, no cambiando, por tanto, los criterios de valoración respecto a la LEC anterior.
Por tanto, la Lec no contiene reglas de valoración tasadas que se puedan conculcar, por lo que al no encontrarse normas valorativas de este tipo de prueba en precepto legal alguno, ello implica que debamos atenernos a las directrices de la lógica humana.
De ahí que la STS de 8 de abril de 2013, afirme que: " Las pruebas periciales son de estimación discrecional según las reglas de la sana crítica, hasta el punto de que los jueces pueden prescindir de ellas ( SSTS 139/2006, de 9 de febrero ; 124/2006, de 22 de febrero ) y solo es posible su revisión en el recurso extraordinario por infracción procesal cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible o se efectúen apreciaciones arbitrarias o contrarias a las reglas de la común experiencia ( STS 309/2005, de 29 de abril )".
Pues bien, sentado lo anterior, el motivo se desestima.
En autos obra únicamente la prueba pericial aportada por la Sra. Noemi.
El Sr. Eleuterio, es verdad, no acompañó ningún otro dictamen pericial pero lo cierto es que ni en el escrito de contestación ni en ningún otro, admitió como ciertas las conclusiones de la prueba pericial aportada por la adversa. Antes bien, manifestó que la misma era errónea y "plagada de falsedades".
No se eximía, por ende, al tribunal de su análisis crítico.
El informe pericial parte de la documentación contable de las sociedades referidas al año 2009 para obtener el valor teórico contable de las acciones o participaciones, y corrige al alza el valor de los activos inmobiliarios de la sociedad Gioca SL, según el valor de mercado en el momento de ser presentada la demanda acreditado mediante dictamen pericial. Hace lo propio con la participada Braking española SA a partir de informaciones sobre alquileres y superficies facilitadas por la Sra. Noemi. En relación con la sociedad CMM Moto Componentes SL, está al valor teórico contable de las participaciones y en cuanto a Industrias Galfer SA al valor contable teórico de las acciones, corrigiendo al alza el valor de los activos inmobiliarios sobre la base de lo que presuntivamente valdrían los inmuebles teniendo en cuenta los préstamos hipotecarios existentes sobre ellos.
La Sala de apelación parte de la base del valor teórico contable de las acciones o participaciones, sin tener en cuenta las correcciones al alza sobre el activo inmobiliario efectuadas en el informe pericial con los siguientes argumentos:
"Una valoración de las acciones o participaciones de una empresa debe fundarse esencialmente en la actividad principal de la empresa, en sus activos y beneficios (de los que responde la aplicación de un plan contable saneado y con criterios de prudencia valorativa) y sólo de forma complementaria en las previsiones de eventual venta y liquidación de los activos (inmuebles, empresas participadas) y en tal caso debe hacerse en atención a criterios contrastables de venta de títulos en el mercado secundario de acciones y no por el simple expediente de valorar los inmuebles como si fueran de titularidad individual, libres de la carga que significan su vinculación empresarial y a mero precio medio del mercado inmobiliario, tanto más cuando cuatro de los inmuebles constituyen viviendas para el uso de la familia. Parece que la comparación debería realizarse, en su caso, con empresas similares que hayan sido vendidas en el mercado (múltiplos de transacción), lo que no hace el perito.
Parece razonable no partir del valor nominal de las participaciones, valor inicial adjudicado a cada una en el momento de constituirse las mercantiles, que constituye un valor estático y que no refleja la realidad de la actividad dinámica de las empresas, y por tanto tampoco su valor real. Pero tampoco podemos partir del valor dado a las participaciones en dos de las mercantiles GIOCA,S.L. y INDUSTRIAS GALCER,S.A en razón del incremento del valor de los inmuebles y sociedades participadas, por las razones explicitadas. Además y por lo que hace referencia a la última de las sociedades indicadas ni siquiera se cuenta con un informe pericial de los inmuebles sino que se hace una estimación teórica por el perito, lo que dota a la peritación de menor rigor. No determina el perito el valor de capitalización, que también constituye un sistema de valoración de las participaciones de una empresa. Por lo que, descartada la valoración nominal y la que incluye el incremento del valor de los inmuebles y empresas participadas, entendemos que debemos partir del valor técnico contable de las participaciones y acciones de las mercantiles que han sido peritadas para realizar los cálculos establecidos en el art. 232-6 CCCat ".
Pues bien, no consideramos que los argumentos facilitados por la Sala sean ilógicos, arbitrarios si nos atenemos a la finalidad del dictamen en relación con la pretensión de la parte actora.
De lo que se trata es de comprobar el incremento patrimonial experimentado en las empresas que participa el Sr. Eleuterio -algunas de las cuales ya existían antes de iniciarse la convivencia entre las partes- durante esta, por lo que parece lógico que los parámetros de evaluación sean los mismos, tanto para valorar el patrimonio inicial como el patrimonio final, y esa continuidad la representa en mayor medida el valor teórico contable de las acciones o participaciones a partir de las cuentas anuales registradas, que otros, teniendo en cuenta que ese criterio es en el que se basa también la actora para cuantificar el patrimonio inicial del Sr. Eleuterio.
Cita la recurrente la sentencia del TS, Sala 1ª de 18 de mayo de 2012 en la cual siendo el objeto del pleito precisamente el análisis de la corrección de la valoración de acciones o participaciones realizada por un auditor nombrado a instancias de los socios por el Registro mercantil, -lo que aleja la cuestión de las pretensiones objeto de nuestra litis- estima que el valor de las acciones debe ser "razonable" pero también señala que no hay un cierto y único valor habida cuenta de la existencia de múltiples factores que pueden influir en la determinación del precio "... singularmente en el caso de sociedades cerradas, en las que la dificultad o imposibilidad de desinversión por parte del titular las aleja de la consideración de bienes fungibles intercambiables fácilmente por dinero en un mercado libre..." (párrafo 36), argumento utilizado precisamente en la sentencia recurrida para no considerar el valor actual de mercado de los bienes inmuebles de la sociedad Gioca SL, individualmente considerados.
No siendo pues el resultado judicial de la valoración pericial ilógico o disparatado no procede su modificación en sede de recurso extraordinario.
Se denuncia en el mismo motivo error en la valoración de los documentos emitidos por las entidades bancarias obrantes a los folios 626 y ss y 883 y ss para establecer la cuantía de los saldos en cuentas corrientes, fondos de pensiones y otros productos financieros del Sr. Eleuterio.
Según los cálculos de suma que efectúa la recurrente en la página 47 de su recurso, el importe de dichos fondos correspondiente al Sr. Eleuterio ascendería a 2.178.100,63 euros y no a 1.870.740 euros que afirma la sentencia. Se dice, además, que " se ha de pensar que durante el proceso posteriormente llegaron otros saldos de entidades como Bankinter y otras..." por lo que los fondos se situarían en torno a los 2.500.000 euros.
Dejando aparte esta última afirmación, que se halla huérfana de toda especificación documental sobre el error producido, lo cierto es que sumados los importes correspondientes a los saldos o valores que constan en la documentación obrante a los folios que se indican en la sentencia y en el recurso, ateniéndonos a los valores más cercanos a la fecha en que se presentó la demanda como determinante de la crisis de la pareja y no a la de la contestación a la demanda y teniendo en cuenta los importes que constan únicamente a nombre del Sr. Eleuterio pues en la certificación de Banco Mediolanum obrante al folio 637 consta que los valores se hallan a nombre de ambos litigantes lo que reduciría su importe a la suma de 12.325,62 euros, lo que se repite en la certificación de Banco de Santander al folio 639 en relación con algunas partidas (también a nombre de terceros), la cantidad total ascendería s.e.u.o de esta Sala a la suma de 2.150.158,82 euros y no la que consta en la sentencia de 1.870.740 euros, por lo que el error es patente y relevante para el resultado final del pleito.
Se estimará en este aspecto el recurso extraordinario presentado.
Se dice en el recurso que la Sala de apelación también se equivoca cuando dice que el Sr. Eleuterio declaró en el IRPF del año 2010 la suma de 84.531,58 euros en lugar de incrementar el rendimiento por trabajo personal, más elevado, con los intereses y dividendos declarados.
La cuestión es irrelevante. No es la diferencia de ingresos entre uno y otro miembro de la pareja ni como se reparten los dividendos en unas u otras empresas lo que debe considerarse para establecer la cuantía de la compensación económica por razón del trabajo, sino la diferencia entre los incrementos habidos en el patrimonio de ambos durante la convivencia y nada se argumenta en el recurso sobre la razón por la que el importe de los ingresos declarados del demandado debe tenerse en cuenta en la valoración de la compensación económica por razón del trabajo máxime cuando han sido computados ya los ahorros existentes en las diferentes entidades bancarias.
SEXTO.- Valoración de la prueba en orden a la suficiencia de la retribución de la Sra. Noemi por razón del trabajo desempeñado en Gioca SL
Se suscita en el recurso que la Sala no ha valorado correctamente la entidad e intensidad del trabajo llevado a cabo por la Sra. Noemi en la empresa Gioca SL (la cual facturaba también al grupo Galfer) acreditado mediante los catálogos obrantes en autos ni la insuficiencia del pago realizado por ello a tenor de la declaración testifical de la persona que la auxiliaba y que facturaba según su declaración, por trabajos menores, la suma de 3000 a 4000 euros mensuales.
También en este caso la argumentación debe ser rechazada.
La Sala ya declara, computados todos los años de dedicación de la Sra. Noemi a las empresas participadas por su pareja, que el trabajo no se remuneró suficientemente pues los dos primeros años no cobraba nada, de 1992 a 2006 cobró 600 euros al mes y de 2006 a 2011, 1725 euros mensuales. Que la sentencia también afirme que durante los últimos años, la retribución podía considerarse adecuada no altera la consideración final teniendo en cuenta el largo periodo de dedicación, al tiempo que no cabe tildar de ilógico o arbitrario que la Sala no tenga en cuenta para tener por acreditado el sueldo de un empleado que hiciese los mismos trabajos que la Sra. Noemi, la única declaración testifical realizada, no avalada por pruebas documentales y, en cualquier caso, sobre la base de facturaciones como autónomo.
Los recursos no deben encaminarse a combatir per se los razonamientos de la sentencia pues solo aquello que trasciende al fallo es relevante y tampoco es factible utilizar el recurso extraordinario por infracción procesal para combatir las conclusiones jurídicas de la sentencia pues el ámbito apropiado es el del recurso de casación.
SEPTIMO .- Valoración de la prueba de documentos públicos y privados y carga de la prueba
En el recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base del art. 469.1 4 y 469.1.2 de la Lec también se aduce el erróneo desplazamiento de la carga de la prueba respecto de la atribución patrimonial que afirma la sentencia el Sr. Eleuterio habría realizado a la Sra. Noemi mediante la cesión gratuita de las participaciones de las que es titular esta última en la entidad Gioca SL, tanto en orden a las adquiridas en el año 1998 mediante escritura pública de compraventa, como las que suscribió la Sra. Noemi en la ampliación de capital que tuvo lugar en el año 2004, en relación con la prueba documental pública y privada existente en los autos.
Los artículos vulnerados serían el art. 217 de la Lec regulador de la carga de la prueba y los arts. 319 y 326 de la Lec referidos a la fuerza probatoria de los documentos públicos y privados [ los documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella y los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen].
Se dice así en el recurso que de la escritura pública de fecha 17 de diciembre de 1998, se desprende que la Sra. Noemi adquirió del que entonces era socio del Sr. Eleuterio, el Sr. Jaime, 87 participaciones de la mercantil Gioca SL, y que el precio de la venta lo declaró percibido el vendedor de la compradora, razón por la que existe prueba suficiente del pago realizado. Y que en cuanto a la adquisición de 482 participaciones en el año 2004, existe un documento bancario acompañado con la demanda como doc. 31, no impugnado, conforme al cual, la CAM certifica que en la cuenta de Gioca SL fue ingresado por la Sra. Noemi con fecha 18-6-2004 el importe de 30.000 euros en concepto de ampliación de capital.
Al respecto razona la sentencia de apelación lo siguiente:
"En cuanto a la participación de la Sra. Noemi en la mercantil GIOCA,S.L. se acredita que en fecha 17 diciembre 1998 adquirió 87 participaciones del socio del Sr. Eleuterio y posteriormente el 7 de julio de 2004, 482 participaciones con ocasión de la ampliación de capital. El Sr. Eleuterio alega que en ninguna de las ocasiones hubo pago real del precio. A este respecto debe recordarse la Jurisprudencia constante del Tribunal Supremo respecto de las manifestaciones que constan en las escrituras públicas en el sentido de que "La Fe Pública Notarial, como constante jurisprudencia reitera, ampara la fecha del documento, las personas intervinientes y el hecho del otorgamiento, pero no que las manifestaciones vertidas en el mismo se correspondan con la realidad". Es decir, en el caso enjuiciado la fe pública notarial no ampara la manifestación de haber pagado y recibido el precio de la compraventa, lo que negado por el demandado debía la actora probar que efectivamente pagó el precio, acudiendo a cualquier medio de prueba, conforme al principio de reparto de la carga de la prueba y de la facilidad probatoria establecida por el art. 217 LEC y no existe una justificación documental fuera de la propia escritura que acredite el desplazamiento patrimonial del precio de la operación. Lo único que consta es la declaración de las partes en la escritura de que confiesan recibido el precio de la compraventa. La falta de prueba de pago del precio por parte de la compradora, a quien correspondía dicha carga según reiterada jurisprudencia, según sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, 29 diciembre 2.000 , 28 junio 2.002 , 25 septiembre 2.003 , 4 octubre 2.004 y 11 febrero 2005 , y 13-5-2016 (ROJ: STS 2042/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2042 ) solo a ella puede perjudicar.
Las consideraciones anteriores nos llevan a entender que la participación de la Sra. Noemi en la mercantil GIOCA,S.L. debe calificarse de "imputación patrimonial" que el Sr. Eleuterio ha realizado a favor de la Sra. Noemi durante la convivencia".
El motivo se estima.
Como dice la STS, Sala 1ª de 20-7-2016 con cita de otras anteriores: " Reiteradamente se viene pronunciando la jurisprudencia ( SSTS de 25 de marzo de 2013, Rc. 1810/2010 ; 30 de abril de 2013, Rc. 2148/2010 ) que el problema de la carga de la prueba solo surge en el caso de ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes y a los que la norma vincula la consecuencia jurídica pretendida. Es en ese caso, por la prohibición del non liquet cuando se hacen necesarias unas reglas que determinen cual es la parte sobre la que ha de recaer el perjuicio derivado de la falta o insuficiencia de prueba."
Es por ello que las mencionadas reglas solo se infringen cuando, por no haberse considerado probados hechos necesitados de demostración, se atribuyan las consecuencias del defecto a quién, según ellas, no le correspondía sufrir la imputación de la laguna o deficiencia probatoria.
La actora justifica mediante prueba documental pública y privada que la adquisición de las acciones lo fue mediante escritura de compraventa realizada con un tercero mediante precio confesado y mediante la suscripción de la ampliación de capital por importe de 30.000 euros ingresados en la cuenta de Gioca SL por la Sra. Noemi.
El demandado se limitó a afirmar en su escrito de contestación a la demanda, contra lo especificado en la documental pública y privada, no impugnada, presentada por la parte actora, que las participaciones habían sido cedidas por él. Nada más indicó ni probó. Sin embargo, como quiera que en ninguno de los dos negocios jurídicos participó personalmente el Sr. Eleuterio como vendedor de las participaciones a la Sra. Noemi, su alegación solo podía referirse a que el dinero entregado para la adquisición de los títulos y para la suscripción de la ampliación de capital procedía de su particular peculio o dicho de otro modo, que existió una donación dineraria del mismo.
La sentencia recurrida no considera probadas las afirmaciones del Sr. Eleuterio ni mediante prueba directa ni mediante indicios, que no se especifican.
Lo que hace la sentencia es desplazar la carga de la prueba a la actora a tenor de una jurisprudencia que interpreta en forma errónea. Si hubo una donación que permitiría al Sr. Eleuterio imputarla a la compensación económica por razón del trabajo, como hecho positivo y contrario a lo acreditado mediante documentos públicos y privados, a él correspondía la carga de la prueba, lo que implicaría la acreditación de la entrega del dinero y, en principio, la del "animus donandi" en tanto que la donación con carácter general no se presume ( STS, Sala 1ª de 20-10-1992 o 3-2-2010).
Precisamente la sentencia del TS, Sala 1ª de 13-5-2016 que se cita en la Sentencia de apelación dice lo siguiente:
"Hay que coincidir sin duda con la Audiencia a quo cuando declaró que no está amparada por la fe pública notarial la manifestación del comprador en la escritura de compraventa de haber recibido el precio. Y es seguro también que los principios de «la disponibilidad y facilidad probatoria» que contempla el apartado 7 del artículo 217 LEC pueden exigir imponer al comprador -o a éste y al vendedor si es un tercero quien lo niega- la carga de probar el pago del precio. Ahora bien:
Respecto de la primera de dichas cuestiones, la Sentencia de esta Sala 855/2007, de 24 de julio (Rec. 3425/2000 ), declaró:
«Es cierto que, según la jurisprudencia, en los casos de compraventa en que no conste la entrega real del precio al vendedor, la mera confesión del vendedor sobre el pago del precio no se halla amparada en cuanto a su certeza y veracidad por la fe pública notarial ( STS de 15 de noviembre de 1993 ). Sin embargo, este elemento no es suficiente por sí mismo para acreditar la simulación, pues, según se desprende de la jurisprudencia -entre otras, en las sentencias que cita la parte recurrente-, la carga probatoria del demandado de demostrar el pago del precio sólo surge cuando es preciso desvirtuar la presunción de simulación fundada en la concurrencia de otros indicios suficientes para acreditar por sí mismos, en palabras de la STS de 16 de marzo de 1994 , citada por la recurrente, "de un modo preciso y directo la realidad de la simulación"».
Y aunque hemos reiterado que las presunciones son medio idóneo de prueba de la simulación [ STS 178/2013, de 25 de marzo (Rec. 2210/2010 ), y las en ella citadas], lo cierto es que la sentencia recurrida no afirma de modo expreso que los hechos que declara probados sean indicios de simulación, ni contiene ninguna explicación de por qué habrían de considerarse tales..."
... En fin, respecto a los principios de disponibilidad y facilidad probatoria, la alegación de las compañías ahora recurrentes de que no cabe invocar esos principios en su perjuicio - al haber transcurrido más de veinte años entre el otorgamiento de la escritura de compraventa pretendidamente simulada y la interposición de la demanda iniciadora del presente proceso sin que antes de ésta don Jose Augusto les hubiera dirigido reclamación alguna al respecto (y es lo cierto que no hay constancia alguna, ni alegación siquiera del ahora recurrido, de que existiera tal reclamación previa), por lo que no disponen ya de otros medios de prueba que la escritura misma y sus declaraciones en el acto del juicio en el sentido de que la compraventa fue real y el precio se pagó-, es plenamente acorde con la jurisprudencia de esta Sala. En efecto:
Los referidos principios permiten hacer recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que tenía más facilidad o se hallaba en una posición mejor o más favorable por la disponibilidad o proximidad a su fuente para su aportación; pero la mera imposibilidad probatoria de un hecho no puede traducirse, sin más, en un desplazamiento de la carga de la prueba, pues ello requiere que sea factible para la parte a la que tal desplazamiento habría de perjudicar: así lo han declarado, entre otras, las Sentencias de esta Sala 949/2004, de 8 de octubre (Rec. 2651/1998 ), 133/2010, de 9 de marzo (Rec. 1988/2005 ), 859/2010, de 31 de diciembre (Rec. 1886/2006 ) y 400/2012, de 12 de junio (Rec. 703/2009 )."
En el mismo sentido las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 3-11-2015, 23-2-2007 y las de esta Sala de 5-3-1998 o 18-6-1998.
De ahí resulta que a quien correspondía la carga de la prueba de la existencia de la donación dineraria era, de conformidad con lo dispuesto en el art. 217 de la Lec, a quien sostenía que el pago de las acciones lo había realizado el Sr. Eleuterio, hecho positivo cuya facilidad probatoria sin duda tenía.
La Audiencia provincial no señala indicio alguno del que pudiese deducirse la simulación en el pago del precio (la Sra. Noemi sin oposición de la otra parte declara que contaba con un patrimonio propio en el momento de iniciarse la convivencia de 50.000 euros, percibiendo por su trabajo en aquel momento la suma de 600 euros al mes) ni tampoco aplica la Sala, en puridad, ninguna presunción legal, en concreto la prevista para las uniones matrimoniales en el art. 232-3.1 del CCCat.
Mas bien parece que la Audiencia resucita la presunción muciana de raíz romana prevista entonces para las uniones matrimoniales, según la cual si la mujer adquiría bienes durante el matrimonio y no podía justificar la procedencia del precio que se había utilizado para hacer la adquisición se presumía que el precio le había sido donado por el marido, presunción que no cabe aplicar en la actualidad.
En consecuencia, el motivo se estima, no considerándose probada la donación por el Sr. Eleuterio a la Sra. Noemi de las participaciones en la sociedad Gioca SL al no haberse desvirtuado mediante prueba alguna las declaraciones contenidas en los documentos públicos y privados antes mencionados respecto del pago del precio por la Sra. Noemi.
OCTAVO.- Incongruencia y motivación de las sentencias
Al amparo de lo dispuesto en el art. 469.1, 2 de la Lec se denuncia en este motivo, que también se subdivide en varios, la infracción por parte de la Sala de apelación de los artículos 218.1 y 218. 2 de la Lec.
Comenzando por la denunciada incongruencia de las sentencias recordaremos (STSJCat nº 74/2015 de 22 de octubre) que el principio dispositivo y de aportación de parte son básicos en nuestro proceso judicial cuando se trata de materias disponibles de derecho privado y constituyen el fundamento de la congruencia.
En sentido amplio podemos entender la congruencia como la correlación debida entre la actividad procesal de las partes y la actividad del órgano judicial.
Dispone el artículo 218, párrafo primero, de la Lec 1/2000, después de exigir que las sentencias sean claras y precisas, que sean congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido sosteniendo que la congruencia supone la debida correlación entre las pretensiones de las partes y el fallo de la sentencia y en sede de apelación la correspondencia de la sentencia con los pronunciamientos impugnados en el recurso.
Estima que existe incongruencia, como vicio interno de la sentencia, cuando se concede más de lo pedido por el actor o menos de lo aceptado por el demandado; cuando no se resuelve sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso; cuando se aprecian excepciones no opuestas por la parte demandada, salvo cuando puedan estimarse de oficio; o, finalmente, cuando se altera por el Tribunal la causa petendi (causa de pedir) como fundamento jurídico-fáctico de las peticiones deducidas en el proceso, generando la consiguiente indefensión para la otra parte.
El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte dispositiva integrada también con la motivación que determina el fallo y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio petitum o pretensión solicitada.
Pues bien, aun prescindiendo de la confusión que se infiere en todo el motivo sobre los términos incongruencia, incoherencia interna de la sentencia, falta de claridad etc, lo cierto es que la sentencia no adolece de incongruencia alguna.
La Sala debía resolver el recurso de apelación planteado por la Sra. Noemi contra la sentencia de primera instancia y eso es lo que hizo. Si entre la sentencia de apelación anulada por esta Sala y la nueva las partes se enzarzaron en nuevas cuestiones o incidentes, es claro que los mismos no pudieron constituir nuevas pretensiones, al haber precluido ya el momento para introducirlas, pues el objeto de la segunda sentencia era únicamente la motivación del pronunciamiento sobre la cuantía de la compensación económica por razón del trabajo.
Ninguna incongruencia existe por no llevar al fallo de la sentencia de apelación la negativa de la Sala a plantear una extemporánea cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 234- 1 del CCCat que, por demás, había planteado la otra parte y no la hoy recurrente. El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad según el art. 35 de la LOTC es una facultad, que no una obligación de la Sala. Fue rechazada en la sentencia siendo irrelevante que no trascendiera su decisión en el fallo.
En cuanto a la motivación que el art. 218.2 de la Lec exige de las resoluciones judiciales hemos declarado igualmente, por todas STSJCat de 15 de febrero de 2018, que debe expresar los elementos y las razones del juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo, que su " ratio decidendi " sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, lo que no se cumple tanto cuando no se contiene motivación alguna como cuando la efectuada es aparente o resulta insuficiente mediante apreciaciones genéricas sin atender al caso concreto, dando lugar con tal deficiencia argumentativa a una conclusión absurda, lo que comporta una denegación del derecho a la tutela judicial efectiva.
De igual forma, hemos dicho (por todas STSJCat 21/2016, de 7 de abril) que la exigencia constitucional de motivar las sentencias ( art. 120.3 CE) no supone la necesidad de que el Juez o el Tribunal lleven a cabo una exhaustiva descripción del proceso intelectual que les haya conducido a resolver en un determinado sentido, ni les impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, como tampoco exige un análisis detallado sobre todos y cada uno de los elementos y alegaciones, de hecho o de derecho, que se hayan introducido en la litis , o sobre todos los aspectos y perspectivas que la parte pudiera tener sobre el objeto litigioso, siendo suficiente con que la resolución ofrezca los razonamientos reveladores de la ratio decidendi, aún cuando pudieran considerase discutibles o escuetos.
De otro lado, la llamada "congruencia interna" de la sentencia, relacionada con la motivación exigida por el art. 218.2 Lec, se refiere a la coherencia o correspondencia entre lo razonado y lo resuelto, a fin de que no haya contradicción entre la fundamentación jurídica y el fallo. Estos casos de incongruencia interna han sido considerados por el Tribunal Constitucional como lesivos del derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, puesto que la contradicción entre la fundamentación y el fallo de una resolución no es un vicio de incongruencia en sentido propio, sino un defecto de motivación, al ser la que resulta, irrazonable y contradictoria.
A lo largo del motivo se introducen una serie de alegaciones respecto a que la sentencia no motiva ni la cifra final de la compensación económica, ni la razón por la que estima que la retribución percibida en los últimos años por la Sra. Noemi por el trabajo desempeñado en Gioca SL fue suficiente, ni sus fundamentos jurídicos sobre la dedicación de la Sra. Noemi a la empresa y a la familia resultan coherentes con la anterior sentencia anulada.
Pues bien ninguna de estas afirmaciones puede constituir motivo de anulación de la sentencia.
En primer lugar, la Sala de apelación sí explica que la cifra en la que cuantifica la compensación de 73.762,50 euros está entre el 9% y el 10% de la diferencia patrimonial que estima producida y, es evidente, que cualquier cantidad entre los 46.669,52 euros y los 90.552,08 que cita la sentencia, lo está.
Cuestión diferente es si es posible no establecer un concreto porcentaje sobre la diferencia patrimonial obtenida, ya que, ciertamente, la cifra antes citada no se corresponde prima facie con ninguno.
Ya hemos dicho en anteriores fundamentos jurídicos que no resultan relevantes las afirmaciones de la sentencia sobre la adecuación de la retribución en los últimos años de dedicación de la Sra. Noemi a la empresa Gioca SL cuando la sentencia estima insuficiente en su conjunto la retribución percibida.
También hemos desechado al examinar las cuestiones previas que la nueva motivación de la sentencia tuviese que corresponderse con la anteriormente anulada en lo que atañe a la cuantificación de la compensación en tanto que el derecho a la retribución se hallaba ya reconocido en el párrafo primero del FJ 5 de la sentencia de 2-5-2014 a cuyos razonamientos por tanto se remitía el párrafo tercero del FJ 5 de la nueva sentencia.
Se admitía así que la Sra. Noemi se había dedicado sustancialmente a la familia, más que el Sr. Eleuterio, dados los viajes que este debía realizar, así como su superior dedicación al mantenimiento de las cuatro viviendas que utilizaba la familia. También se reconocía el trabajo realizado para la empresa Gioca SL, de la que la actora es titular en un 24.96% y el Sr. Eleuterio en el porcentaje restante, con sueldo insuficiente durante la mayor parte del tiempo destinado a esas tareas. No se observan diferencias sustanciales en la valoración que se hace de estos presupuestos en el párrafo correspondiente del FJ sexto de la nueva sentencia de la Audiencia.
Cuestión diferente y no precisamente de carácter procesal, sino de aplicación de las normas jurídicas sustantivas, es si esta doble dedicación debe restar en la compensación como entiende la sentencia recurrida o debe sumar como pretende la parte actora. Y tal cuestión ya ha sido planteada en el segundo motivo del recurso de casación formulado, a cuyo análisis nos remitimos.
Vuelve a quejarse la recurrente en este motivo de la valoración de la prueba pericial aduciendo que los razonamientos al respecto adolecen de incoherencia interna. Sin embargo ya hemos dicho que la incoherencia interna implica una no correspondencia entre lo razonado y lo resuelto, o lo que es igual, la contradicción entre la fundamentación jurídica y el fallo, incoherencia que no existe en el caso, por lo que en orden a la valoración de la prueba pericial habrá que estar a lo que ya hemos expuesto en el anterior FJ 5º.
Finalmente indicar que los errores e inexactitudes existentes en la sentencia de apelación -advertidas por las dos partes en los escritos aclaratorios- en orden a la imputación de una sola de las donaciones que la sentencia de apelación consideró realizadas, sin explicación aparente, resultan ahora irrelevantes en tanto se ha estimado el recurso extraordinario por infracción del art. 217 de la Lec y se han tenido por no acreditadas y lo mismo cabe decir en orden a los errores de aplicación de las reglas de cálculo establecidas en el art. 232- 6 del CCCat en cuanto al cómputo de las donaciones ya que no se han probado las atribuciones patrimoniales que la sentencia recurrida considera.
Recurso de casación
NOVENO.- Planteamiento.
Estimado en parte el recurso extraordinario por infracción procesal en cuanto a la cuantía de los saldos, fondos y demás productos financieros a tener en cuenta en el patrimonio final del Sr. Eleuterio y en orden a no considerar existentes las atribuciones patrimoniales que la sentencia de apelación tuvo en cuenta, la Sala resolverá el pleito en atención a los hechos probados, conforme a los fundamentos jurídicos del recurso de casación ( DF 16.1, 7 de la Lec 1/2000) entendiendo que, en consecuencia, decaen los planteamientos de la recurrente expuestos en la alegación tercera, puntos (la numeración es nuestra) primero: en cuanto que lo que en él se plantea es, en puridad, una cuestión de carácter procesal general (no sustantiva ni procesal del ordenamiento jurídico catalán) que ya hemos resuelto en el FJ 5ª de esta sentencia; segundo: en cuanto que no existen en el caso desplazamientos patrimoniales entre los miembros de la pareja por lo que la interesante cuestión que se plantea en el recurso y que no ha sido todavía resuelta por esta Sala - aplicación por analogía en el caso de las parejas de hecho de la presunción contenida en el art. 232-3 del CCCat- carece de trascendencia en esta litis; punto tercero: en tanto que vuelve a plantearse la cuestión procesal de la carga de la prueba, ya resuelta en el recurso extraordinario.
Quedaría únicamente la decisión sobre los puntos 4 y 5 de este motivo del recurso.
En el punto cuarto se plantea si debe establecerse en la sentencia, obtenida la diferencia entre los incrementos patrimoniales de los miembros de la pareja, un determinado porcentaje para cuantificar la compensación económica por razón del trabajo o bien puede establecerse una cantidad que no se corresponda con ninguno y en el punto quinto si cuando se une tanto el trabajo para la casa y la familia como la dedicación a los negocios del otro, con insuficiente retribución, ambos factores han de ser ponderados a la alza y no a la baja como hace la sentencia, todo ello en interpretación del artículo 232-5.3 y 4 del CCCat a cuyo tenor:
3: Para determinar la cuantía de la compensación económica por razón de trabajo, debe tenerse en cuenta la duración e intensidad de la dedicación, teniendo en cuenta los años de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, al hecho que haya incluido la crianza de hijos o la atención personal a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges.
4. La compensación económica por razón de trabajo tiene como límite la cuarta parte de la diferencia entre los incrementos de los patrimonios de los cónyuges, calculada de acuerdo con las reglas establecidas por el artículo 232-6. Sin embargo, si el cónyuge acreedor prueba que su contribución ha sido notablemente superior, la autoridad judicial puede incrementar esta cuantía.
DÉCIMO.- La compensación económica por razón del trabajo en el libro II del CCCat
Como hemos dicho en nuestras últimas resoluciones, por todas STSJCat 41/2017 de 28 de septiembre, la regulación de la compensación económica por razón del trabajo en el Libro II del CCCat difiere de la anterior que contemplaba el art. 41 del Código de Familia.
Según señala su Preámbulo, la compensación económica por razón del trabajo abandona ahora toda referencia a la compensación como remedio sustitutorio de un enriquecimiento injusto y se fundamenta en el desequilibrio que se produce entre las economías de los cónyuges o de los convivientes, por el hecho de que uno desarrolle una tarea que no genera excedentes acumulables y el otro realice otra que sí los genera.
Es presupuesto para la compensación que uno de los cónyuges o miembro de la pareja haya trabajado para la casa sustancialmente más que el otro o bien que haya trabajado para el otro sin remuneración o con una que sea insuficiente y que en el momento de la extinción de la convivencia se hayan producido o generado excedentes acumulables en el patrimonio de uno de los cónyuges o miembros de la pareja, configurado como un elemento objetivo, declarándose por la más autorizada doctrina que la reforma gravita sobre la descompensación de las ganancias entre ambos cónyuges con un límite que no se relaciona con el enriquecimiento sino con un porcentaje de la diferencia entre las ganancias.
En consecuencia, además de la mayor dedicación a la casa o el desempeño gratuito o mediante un salario bajo de un trabajo para el otro, para que el cónyuge o miembro de la pareja acreedor tenga derecho a la compensación económica del art. 232-5 CCCat al que se remite el art. 234-9.2, es necesario que en el patrimonio del deudor se hayan producido o generado excedentes sobre su patrimonio inicial, calculados con arreglo a unas reglas prefijadas que pretenden restringir el margen de discrecionalidad judicial ( art. 232-6 CCCat ).
Sirva lo anterior para aclarar que resulta ahora indiferente -en el caso de que la Audiencia haya dado por probada la concurrencia de los presupuestos que previene la ley para la concesión de la compensación, como ocurre en el presente supuesto- que no exista una correlación directa entre el trabajo de uno de los cónyuges o miembros de la pareja en el hogar familiar y en los negocios del otro, y las ganancias económicas obtenidas por el otro. Se prescinde también de la idea de sobrecontribución a los gastos familiares, implícita en la formulación del artículo 41 del Código de familia.
Lo único preciso es que la diferencia entre incrementos patrimoniales se genere durante la convivencia.
Como dijimos en nuestra Sentencia 3/2017, de 23 de enero, las reglas de cálculo de la compensación ( art. 232-6 CCCat) detallan ahora de forma clara y precisa como han de hacerse los cálculos para obtener la existencia de los incrementos patrimoniales compensables que parten del resultado contable de sumar al activo patrimonial de cada uno de los cónyuges integrado por los bienes y derechos que tuviesen en el momento de la extinción del régimen deducidas las cargas que les afecten, el valor de los bienes de que hubiesen dispuesto a título gratuito y deducir el valor de los bienes que cada cónyuge tenía al comenzar el régimen y que conserve en el momento en que se extingue, así como el valor de los adquiridos a título gratuito durante la vigencia del régimen y las indemnizaciones por daños personales.
Como dijimos en la STSJCat 94/2016 de 17 de noviembre, cuya doctrina ahora reiteramos, obtenida la cantidad correspondiente, según las reglas de cálculo señaladas, comparando ambos patrimonios, a la diferencia entre los incrementos patrimoniales de los cónyuges o miembros de la pareja se aplica un porcentaje.
Respecto a dicho porcentaje sobre la cuantía del incremento patrimonial resultante, debe tenerse en cuenta, de conformidad con lo establecido en el art. 232-5.3 CCCat, la duración y la intensidad de la dedicación en función de los años de convivencia. Concretamente, en caso de trabajo doméstico, el hecho de la dedicación a los hijos o a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges y en el caso del trabajo para el otro, la entidad de este, si era o no cualificado, y en el caso de haberse obtenido alguna remuneración también su importe en relación con el tiempo de dedicación.
La ley fija con carácter general un límite de la cuarta parte de la diferencia de los incrementos patrimoniales.
Dicha cuarta parte equivale a un 25% de la diferencia de los incrementos. La ley da un margen para la discrecionalidad del juzgador para fijar un porcentaje menor, una parte o fracción inferior al 25%, pero no permite establecer cualquier cantidad sin relación con la fracción matemática que se considere procedente.
Así se infiere de la motivación facilitada en la propia ley cuando ha tratado de acotar precisamente el "elevado margen de discrecionalidad en manos de la autoridad judicial" que devino en un factor de difícil predicción para las partes, lo que dificultaba alcanzar pactos extrajudiciales e incluso desnaturalizar la finalidad de la compensación. Dice al respecto el Preámbulo del libro II del CCCat que se ha estimado necesaria una intervención legislativa que proporcione unas pautas normativas más claras y unas reglas que faciliten la determinación de la procedencia y el cálculo de la compensación.
De otro lado, parece obvio que si el acreedor de la compensación ha trabajado sustancialmente más que el otro para la casa y también en los negocios, no de terceros, sino del esposo o miembro de la pareja, con insuficiente retribución, la suma de ambos factores deba incrementar la compensación y no rebajarla como hace la sentencia recurrida, en tanto que el mayor esfuerzo realizado por uno de los cónyuges o miembros de la pareja para el buen funcionamiento de la familia en todos sus aspectos (personal y económico), por tanto en interés común, no se vería recompensado, sino minusvalorado, cuando de facto el otro es quien ha obtenido superiores excedentes económicos.
UNDÉCIMO.- Resolución del recurso de casación
Expuesto lo anterior, es clara la procedencia del recurso de casación formulado.
De un lado, la Audiencia mantiene la cifra establecida en la anterior sentencia anulada (resultado de dividir la cantidad de 8.851.499 euros por 120) sin establecer un porcentaje concreto relacionado con las diferencias de incrementos que entiende producidas.
De otro, la disminución del porcentaje a aplicar por la doble dedicación resulta por lo antes expuesto igualmente inadmisible.
Ello sentado, debe tenerse en cuenta en el presente caso: a) que la familia estaba compuesta por 4 hijas; b) la duración de la convivencia, 22 años; c) que la dedicación de la Sra. Noemi se proyectó en el ámbito familiar tanto en el cuidado de las hijas como en el mantenimiento de cuatro casas; d) la dedicación cualificada durante 21 años con salario insuficiente en la empresa Gioca SL, que aunque participada por ambos miembros de la pareja, no repartía dividendos y era mayoritariamente del Sr. Eleuterio (75% de los títulos).
En atención a estas circunstancias nos parece adecuadamente ponderado el porcentaje del 20% solicitado en la demanda.
DUODÉCIMO.- Cuantificación de la compensación de la Sra. Noemi
Teniendo en cuenta lo decidido en el recurso extraordinario por infracción procesal la compensación económica por razón del trabajo será, s.e.u.o la siguiente:
Patrimonio inicial del Sr. Eleuterio: 417.259 euros
Patrimonio final del Sr. Eleuterio: 1.046.044,72 euros por su participación en la sociedad Gioca SL; 140.777,68 por su participación en la sociedad CMM Moto Componentes SL; 1.997.447,76 por su participación en la sociedad Industrias Galfer SA, y 2.150.158,82 euros por saldos bancarios, fondos y otros productos financieros.
En total: 5.334.428,98 euros
Incremento patrimonial: 4.917.169,98 euros
Patrimonio inicial de la Sra. Noemi: 50.000 euros
Patrimonio final de la Sra. Noemi: 348.273,52 por su participación en la sociedad Gioca SL; 11.220 euros en cuentas bancarias y 22.435 en fondos compartidos (según la demanda). Total 381.928,52 euros
Incremento patrimonial: 331.928,52 euros
Diferencia de incrementos: 4.585.241,46 euros
Aplicación de un porcentaje del 20%: 917.048,30 euros, que es la cantidad que deberá abonar el Sr. Eleuterio a la Sra. Noemi en dinero como compensación económica por razón del trabajo.
No habiendo interesado el deudor el fraccionamiento en el pago y sin perjuicio de los acuerdos a los que, al respecto, pudieran llegar las partes, la suma citada se abonará de una sola vez ( art. 232-8 CCCat).
Dicha cantidad devengará a partir de esta fecha los intereses procesales correspondientes.
DECIMOTERCERO.- Costas y depósito para recurrir
1 .- Las costas del recurso extraordinario de infracción procesal y de casación no procede su imposición a la recurrente, tras estimarse ambos recursos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 Lec.
2 .- Procede la devolución de los depósitos para recurrir derivados de la interposición del recurso extraordinario de infracción procesal y de casación, a tenor de lo establecido en la Disposición adicional 15ª.8 LOPJ, dada la estimación de ambos recursos.

FALLO:

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, DECIDE:
ESTIMAR EN PARTE el recurso extraordinario por infracción procesal y en parte también el de casación formulados por la representación procesal de la Sra. Noemi contra la sentencia dictada en fecha 13 de junio de 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona.
Casar y anular la misma en lo que se refiere a la cuantía de la compensación por razón del trabajo reconocida a la Sra. Noemi.
Se fija su cuantía en la suma de 917.048,30 euros (novecientos diecisiete mil cuarenta y ocho euros con treinta céntimos) que deberá abonar el Sr. Eleuterio a la Sra. Noemi en dinero y en un solo pago, salvo acuerdo entre las partes.
Dicha cantidad devengará desde la fecha de la notificación de esta Sentencia, los intereses procesales correspondientes.
No se imponen las costas del recurso de casación ni las del extraordinario por infracción procesal.
Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Notifíquese la presente a las partes y con su testimonio remítase el Rollo y las actuaciones a la Sección indicada de la Audiencia.
Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Esta Sentencia se ha firmado y publicado el mismo día de la fecha por los Magistrados de esta Sala que la han dictado. Doy fe.