Jurisprudencia

Cabecera: Responsabilidad de administrador. Acción por deudas sociales. Acción individual por cierre de hecho de la sociedad.
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Barcelona
Fecha: 13/07/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Decimoquinta
Número Sentencia: 503/2018 Número Recurso: 758/2017
Numroj: SAP B 7048/2018
Ecli: ES:APB:2018:7048
Voces sustantivas: Concurso de acreedores, Cuentas anuales, Depósito, Disolución de la sociedad, Disolución y liquidación, Mens legis, Registro mercantil, Acción de responsabilidad, Domicilio social, Efectos del incumplimiento, Incumplimiento contractual, Personalidad jurídica, Responsabilidad de los administradores, Responsabilidad solidaria, Deberes legales, Embargo, Insolvencia, Procedimiento de ejecución, Solicitud de concurso
Voces procesales: Prueba, Recurso de apelación, Carga de la prueba, Demanda de juicio verbal, Intereses y costas, Notificaciones

ENCABEZAMIENTO:


Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120168004348
Recurso de apelación 758/2017 -3
Materia: Juicio verbal otros supuestos
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Barcelona
Procedimiento de origen:Juicio verbal (250.2) (VRB) 512/2016
Parte recurrente/Solicitante: SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS, S.L.
Procurador/a: Jesus-Miguel Acin Biota
Abogado/a:
Parte recurrida: Mateo
Procurador/a:
Abogado/a:
Cuestiones esenciales que se plantean: Responsabilidad de administrador. Acción por deudas sociales.
Acción individual.
SENTENCIA núm. 503/2018
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
Elena Boet Serra
En Barcelona, a trece de julio de dos mil dieciocho.
Parte apelante: Subministres a Obres i Terrenys, S.L.
-Letrada: Virginia Rodríguez Bardal
-Procurador: Jesús Miguel Acin Biota
Parte apelada: Mateo
Rebeldía procesal

Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 14 de febrero de 2017
-Demandante: Subministres a Obres i Terrenys, S.L
-Demandada: Mateo

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO. - El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: «Desestimo la demanda interpuesta por la mercantil Subministres a Obres i Terrenys, S.L. contra D.
Mateo y, en consecuencia, absuelvo al demandado de todas las pretensiones contra ellos ejercitadas, con condena en costas a la actora».
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora.
TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 1 de marzo de 2018.
Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en segunda instancia.
1. La actora, Subministres a Obres i Terrenys, S.L., ejercita una acción de responsabilidad civil ex art.
367 LSC, con relación a las causas de disolución previstas en las letras a) a e) del art. 363.1 LSC, y una acción de responsabilidad civil ex art. 241 LSC contra el administrador único, Mateo , de la entidad Diteco Diseño Técnicas y Construcción, S.L.
La demandante comparece como titular de un derecho de crédito por importe de 5.042,02 euros frente a Diteco Diseño Técnicas y Construcción, S.L. que trae causa del impago de facturas emitidas en el período comprendido entre julio y septiembre de 2014 por el suministro de mercancías.
Sostiene que la sociedad cerró de hecho y que el administrador ha incumplido el deber legal de promover la disolución y liquidación de la sociedad y que, tras descapitalizar a ésta, ha constituido otras sociedades con el mismo objeto y domicilio social. Argumenta que la desaparición de hecho de la sociedad deudora le ha ocasionado un daño directo, que concreta en el impago de su derecho de crédito, que se hubiera evitado si el administrador demandado hubiera liquidado diligentemente la sociedad deudora.
2. El demandado se encuentra en situación de rebeldía procesal.
3. La sentencia de primera instancia desestima la demanda por no resultar acreditada, con relación a la acción de responsabilidad por deudas sociales, la concurrencia de las causas de disolución de las letras a ) a d) del art. 363.1 LSC y la existencia de pérdidas cualificadas de letra e) cuando se contrajo la deuda (2014) ni en el ejercicio anterior (2013). En relación con la acción individual de responsabilidad, la desestima por no apreciarse el nexo causal entre la alegada actuación negligente del administrador (no proceder a la disolución de la sociedad ni solicitar el concurso de acreedores de la mercantil deudora) y el daño (el impago de las facturas).
4. El recurso de apelación formulado por la actora insiste en la concurrencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad del art. 241 LSC y, en particular, en la existencia del nexo causal entre el cierre de hecho de la sociedad y el impago de las facturas reclamadas.
Argumenta que en el ejercicio 2014 la sociedad tenía suficiente activo para abonar la deuda, pero que el demandado cerró de hecho la sociedad deudora, la descapitalizó y constituyó una nueva sociedad con la que continúa desarrollando la misma actividad en el mismo domicilio social.
SEGUNDO.- Relación de hechos probados.
5. La resolución recurrida incorpora el siguiente relato de hechos probados: "-La mercantil actora y la mercantil Diteco mantenían una relación comercial consistente en el suministro de mercancía (material para la construcción ) de la actora a dicha mercantil. Tales suministros motivaron la emisión de cuatro facturas por importe total de 6.710,42 euros, emitidas entre los días 30 de julio y 16 de septiembre de 2014, así como los correspondientes albaranes de entrega, emitidos entre los días 24 de julio y 16 de septiembre de 2014. Tras diversos pagos parciales, resultó una cantidad pendiente de pago de 5.042'02 euros, que no fueron abonados pese a haberse entregado la mercancía sin incidencia alguna.
-Ante dicho impago, la actora interpuso el día 27 de enero de 2016 demanda de juicio verbal contra Diteco, que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia 53 de Barcelona (autos 122/2016), que el día 27 de septiembre de 2016 dictó sentencia estimando la demanda y condenando a Diteco a pagar a la actora la cantidad de 5.042'2 euros.
-El Sr. Mateo es administrador único por tiempo indefinido de Diteco desde su constitución el día 10 de julio de 1996, sin que conste fecha de cese. No instó la disolución de dicha mercantil ni solicitó la declaración de concurso de la misma.
-Las últimas cuentas anuales que la mercantil Diteco depositó en el Registro Mercantil son las correspondientes al ejercicio de 2014. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 reflejan unos fondos propios de 926.416,25 euros, que en el ejercicio 2014 disminuyen a 889.103'22 euros, siendo el capital social de ambos ejercicios de 3.005'50 euros.
-Le constan a la mercantil Diteco ocho incidencias administrativas y judiciales, publicadas entre el mes de febrero de 2014 y mayo de 2016 por procedimientos de ejecución".
TERCERO.- Acción individual de responsabilidad.
6. La Ley de Sociedades de Capital regula en los arts. 236 y ss. la responsabilidad de los administradores por daño causado al patrimonio de la sociedad (acción social , art. 238 a 240 ) o directamente en el patrimonio de los socios o terceros (acción individual, art. 241), que hubiera sido causado por una actuación del administrador en el ejercicio de su cargo.
7. En la demanda rectora de las presentes actuaciones se ejercita la acción del art. 367 LSC y la acción individual de responsabilidad del art. 241 LSC y, habiendo sido ambas desestimadas en la primera instancia, la controversia en esta segunda instancia se limita a la acción individual de responsabilidad.
El recurso de apelación insiste en la concurrencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad del art. 241 LSC y, en particular, en la existencia de nexo causal entre el cierre de hecho de la sociedad y el impago de las facturas reclamadas. Alega la existencia de fondos propios positivos, según resulta de las cuentas anuales de los ejercicios sociales 2013 y 2014, que hubieran permitido satisfacer el crédito de la actora de haberse procedido por el administrador a la disolución y liquidación legal de la sociedad. Argumenta que la sociedad tenía un activo suficiente para abonar las deudas reclamadas al tiempo de su vencimiento, pero que el demandado cerró de hecho la sociedad deudora, la descapitalizó y constituyó una nueva sociedad con la que continua desarrollando la misma actividad en el mismo domicilio social.
8. La doctrina del Tribunal Supremo, nº 253/2016, de 18 de abril y nº 472/2016, de 13 de julio , declara que: " no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual. De otro modo supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC ." Sin embargo, como matiza la citada Sentencia 472/2016 , " en alguna ocasión, la Sala ha admitido que se ejercite la acción individual de responsabilidad para solicitar la indemnización del daño que suponía para un acreedor el impago de sus créditos como consecuencia del cierre de facto de la actividad empresarial de la sociedad (por ejemplo, la Sentencia 261/2007 , de 14 de maro).
[...] para que el ilícito orgánico que supone el cierre de hecho (incumplimiento de los deberes de disolución y liquidación de la sociedad) pueda dar lugar a una acción individual es preciso que el daño ocasionado sea directo al acreedor que la ejercita. Esto es: es necesario que el ilícito orgánico incida directamente en la insatisfacción del crédito.
En este contexto [...] para que pueda imputarse al administrador el impago de una deuda social, como daño ocasionado directamente a la acreedora demandante, debe existir un incumplimiento nítido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el impago de la deuda social.
Es indudable que el incumplimiento de los deberes legales relativos a la disolución de la sociedad y a su liquidación, constituye un ilícito orgánico grave del administrador y, en su caso, del liquidador. Pero, para que prospere la acción individual en estos casos, no basta con que la sociedad hubiera estado en causa de disolución y no hubiera sido formalmente disuelta, sino que es preciso acreditar algo más, que de haberse realizado la correcta disolución y liquidación sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito, total o parcialmente. Dicho de otro modo, más general, que el cierre de hecho impidió el pago del crédito.
[...]esto exige del acreedor social que ejercite la acción individual frente al administrador un mínimo esfuerzo, sin perjuicio de trasladarle a los administradores las consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial de la sociedad en cada momento.
Explica, la citada sentencia, que si los tribunales no afinan en esta exigencia, corremos el riesgo de atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales en caso de insolvencia de la compañía, cuando no es esta la mens legis. La ley, cuando ha querido imputar a los administradores la responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales en casos de incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad, ha restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de disolución (art. 367 LSC). Si fuera de estos casos, se pretende, como hace la demandante en su demanda, reclamar a la administradora la responsabilidad por el impago de sus créditos frente a la sociedad, debe hacerse un esfuerzo argumentativo, del que carece la demanda, por mostrar la incidencia directa del incumplimiento de un deber legal cualificado en la falta de cobro de aquellos créditos [...].
9. Pues bien, en el supuesto de autos, la recurrente sostiene que resulta acreditado el cese y la desaparición de hecho de la sociedad con base a los siguientes datos: impagos que la mercantil presenta con terceros, incidencias con las administraciones públicas por no abonar las deudas, bienes embargados por el Estado por un importe superior a un millón de euros, falta de presentación de las cuentas anuales desde el ejercicio social de 2014 y la negativa de notificación del presente procedimiento a la sociedad porque estaba cerrada desde, al menos, octubre de 2015. Además, la sentencia de primera instancia establece como hecho probado la ausencia de disolución y de solicitud de concurso de la sociedad.
Todo ello nos permite tener por probado que la sociedad cerró de hecho. De conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo establecida en las citadas sentencias de 18 de abril y 13 de julio de 2016 , constituye un ilícito orgánico el cierre de hecho de la sociedad (incumplimiento de los deberes de disolución y liquidación de la sociedad). La responsabilidad individual del administrador ex art. 241 LSC requiere un enlace lógico que permita deducir que el impago del crédito deriva (en el sentido de nexo causal o relación causa-efecto) del incumplimiento de esos deberes legales. En otras palabras, que si el administrador oportunamente hubiera promovido la disolución o concurso de la sociedad el crédito reclamado hubiera sido pagado. Esa afirmación la argumenta la actora suficientemente alegando la existencia de fondos propios positivos de 889.103,22 euros en el ejercicio social de 2014 cuyo destino se desconoce y con el cierre de hecho que ha impedido que se destinaran al pago de las deudas sociales. El relato de la actora es razonable y no ha sido desvirtuado por el administrador demandado (en rebeldía procesal), a quien le correspondía la prueba, dada su facilidad y disponibilidad probatoria al amparo del art. 271.7 LEC , de la inexistencia de bienes o el destino de los mismos.
Por todo ello, procede estimar la acción individual de responsabilidad y condenar al administrador demandado a abonar a la actora la cantidad de 5.042,02 euros, más las cantidades que se devenguen en concepto de intereses y costas procesales contra la empresa Diteco Diseño Técnicas y Construcción, S.L. en el procedimiento 122/2016, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 53 de Barcelona, así como su posterior ejecución de títulos judiciales.
10. Por consiguiente, procede estimar el recurso de apelación y, con él, estimar íntegramente la demanda rectora de las presentes actuaciones.
CUARTO.- Costas 11. De conformidad con los arts. 394 LEC se imponen a la demandada las costas causadas en la primera instancia.
La estimación del recurso conlleva que no proceda su expresa imposición, conforme al art. 398.2 LEC.

FALLO:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona de fecha 14 de febrero de 2017 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos; y, en su lugar, dictamos otra por la que estimamos íntegramente la demanda interpuesta por SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS, S.L. contra Mateo , a quien condenamos a abonar a la actora la cantidad de 5.042,02 euros, más las cantidades que se devenguen en concepto de intereses y costas procesales contra la empresa Diteco Diseño Técnicas y Construcción, S.L. en el procedimiento 122/2016, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 53 de Barcelona, así como su posterior ejecución de títulos judiciales; y con imposición a la demandada de las costas de la primera instancia. No se hace expresa condena en las costas del recurso y con devolución del depósito constituido.
Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.
Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, una vez firme, a los efectos pertinentes.
Así lo pronuncian mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal, de lo que doy fe.